Desde la Casa Blanca, la administración Trump sostuvo que estas protecciones eran medidas temporales sujetas a revisión | Foto: EFE/EPA/Chris Kleponis
Desde la Casa Blanca, la administración Trump sostuvo que estas protecciones eran medidas temporales sujetas a revisión | Foto: EFE/EPA/Chris Kleponis
Redacción Gestión

El Tribunal Supremo de aprobó este viernes la solicitud del gobierno de para retirar el estatus de protección temporal y el programa de ‘parole’ humanitario a más de medio millón de migrantes, principalmente de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.

La medida revierte las políticas migratorias impulsadas por la administración de .

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La decisión afecta directamente a unas 532,000 personas que habían sido admitidas en el país bajo criterios humanitarios, incluyendo permisos de trabajo y protección contra la deportación. Según la orden judicial, estos deberán abandonar Estados Unidos antes del 24 de abril de 2025. De no hacerlo, enfrentarán detención y eventual expulsión por parte de las autoridades migratorias.

El parole humanitario fue una de las principales herramientas utilizadas por el gobierno de Biden para gestionar la llegada de migrantes de países en crisis. En paralelo, el Estatus de Protección Temporal (TPS) se había ampliado para ciertos grupos, como los venezolanos, cuya protección fue extendida hasta 2026. Ambos mecanismos han sido eliminados por el gobierno actual.

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Desde la Casa Blanca, la administración sostuvo que estas protecciones eran medidas temporales sujetas a revisión, y justificó su eliminación bajo el argumento de que “se requiere restablecer el control sobre el sistema migratorio y acelerar procesos de deportación”. El fallo del Supremo, de mayoría conservadora, le da vía libre para implementar esta política.

Organizaciones defensoras de migrantes han calificado la decisión como “una tragedia humanitaria”. Asimismo, señalaron que se han presentado demandas legales alegando que la revocación masiva del parole viola el debido proceso y podría poner en riesgo a personas que huyeron de contextos de violencia y crisis políticas.

Las juezas progresistas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson emitieron votos disidentes, advirtiendo que la decisión tendrá consecuencias humanas severas y que el tribunal “está dejando desprotegidas a miles de personas que buscaron refugio legalmente”.

Con información de EFE

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