El gobernador de Texas tiene previsto firmar el lunes una ley que permitirá a las fuerzas del orden estatales detener a las personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, otorgando a agentes locales competencias que durante mucho tiempo eran del Gobierno federal.
La medida probablemente desencadenará impugnaciones legales por parte de grupos de defensa de derechos humanos.
La ley, conocida como SB 4, entrará en vigor en marzo y tipificará como nuevo delito estatal el ingreso o reingreso ilegal a Texas, con penas que van de 180 días de cárcel a 20 años de prisión.
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Los jueces de primera instancia de Texas estarán obligados a ordenar a los migrantes que regresen a México, con penas de hasta 20 años para quienes se nieguen a acatar la decisión.
Los migrantes que crucen ilegalmente ya pueden ser acusados de ingreso o reingreso ilegal en virtud de la legislación federal estadounidense vigente, aplicada por agentes fronterizos y fiscales federales.
Se espera que el gobernador Greg Abbott firme además un proyecto de ley que destinaría US$ 1,500 millones a la construcción del muro fronterizo y otras operaciones, financiación que se suma a los US$ 5,000 millones en fondos estatales ya consignados para la aplicación de las leyes fronterizas.
A finales de noviembre, el gobernador republicano había promulgado una ley que endurece las penas por tráfico de seres humanos.
Desde que el presidente Joe Biden, demócrata, asumió el cargo en 2021, se ha capturado a un número récord de inmigrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México. Abbott y otros republicanos culpan a Biden, de hacer retroceder las políticas restrictivas del expresidente Donald Trump, principal precandidato del Partido Republicano.
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