Los republicanos del estado de Arizona están adoptando una postura intransigente respecto a la frontera con iniciativas de ley que pretenden castigar a los migrantes que entren ilegalmente en Estados Unidos. El proponente de un proyecto de ley ha indicado que permitiría legalmente a los propietarios disparar y matar a los migrantes que entren ilegalmente en sus propiedades.
Se prevé que la gobernadora, la demócrata Katie Hobbs, vete el proyecto de ley sobre invasión de propiedad privada, así como otro que fue aprobado por la segunda de ambas cámaras legislativas el miércoles y que tipificaría como delito estatal entrar ilegalmente en Arizona entre los puertos de entrada fronterizos.
Stan Barnes, consultor político radicado en Phoenix y exsenador estatal republicano, dijo que los legisladores del Partido Republicano “están actuando en base a señales políticas claras de los votantes de que la inmigración y la frontera son su tema número uno”.
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“Esto es lo que quieren sus electores”, afirmó.
Las detenciones por cruces ilegales superaron los 2 millones por primera vez en cada uno de los dos últimos años fiscales, y Arizona se convirtió en los últimos meses en la zona más popular para cruzar.
Los republicanos del Senado estatal dijeron que la llamada Ley de Invasión Fronteriza de Arizona “protegería a los ciudadanos y comunidades de Arizona de la delincuencia y las amenazas a la seguridad asociadas a la actual invasión fronteriza provocada por la negativa del gobierno de Biden a hacer cumplir las leyes de inmigración”.
La ley permitiría a las agencias policiales locales detener a los ciudadanos no estadounidenses que entren en Arizona por cualquier lugar que no sea un punto de entrada legal. Una infracción sería un delito menor de primer nivel, y un delito grave de bajo nivel para las reincidencias.
“Creo que en estos proyectos de ley vemos la intención de promover una agenda de inmigración incendiaria”, señaló Noah Schramm, estratega político de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) en Arizona. “Parecen intentar forzar a Hobbs a una situación en la que tenga que decir ‘no’, y entonces podrán decir que no está dispuesta a hacer nada respecto a la frontera”.
Las maniobras en Arizona coinciden con la campaña que los republicanos están llevando adelante en varios estados, sobre todo en Texas, donde pregonan políticas de inmigración estrictas en vísperas de las elecciones presidenciales de este año.
Un juez federal bloqueó el jueves una nueva ley de Texas que otorgaría a la policía amplios poderes para detener a los migrantes sospechosos de haber entrado ilegalmente en Estados Unidos, rechazando la pretensión del gobernador republicano Greg Abbott de aplicar leyes de inmigración. El interdicto que suspende la entrada en vigor de dicha ley se emitió mientras el presidente Joe Biden y su probable rival republicano en las elecciones de noviembre, Donald Trump, visitaban distintas zonas de la frontera de Texas con México.
La ley federal ya prohíbe la entrada no autorizada de inmigrantes en Estados Unidos. Pero los republicanos de Arizona y Texas afirman que el gobierno estadounidense no está haciendo lo suficiente y que necesitan competencias estatales adicionales.
Hobbs “ha declarado en numerosas ocasiones su desaprobación por la anarquía causada por las políticas de fronteras abiertas del gobierno federal”, dijo la senadora de Arizona Janae Shamp, que patrocinó el proyecto de ley estatal de control fronterizo. “Esta es su oportunidad de proteger a los ciudadanos de Arizona con su firma”.
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Hobbs confirmó el jueves que planeaba vetar los proyectos de ley y dijo que es consciente de que los ciudadanos de Arizona se sienten frustrados por la situación en la frontera.
“Pero la aprobación de proyectos de ley que matan el empleo, que van en contra de las empresas y satanizan a nuestras comunidades no es la solución”, afirmó. “En lugar de proteger nuestra frontera, estos proyectos de ley simplemente aumentarán los costos, perjudicarán a nuestros agricultores, dejarán a los empresarios de Arizona fuera del negocio y destruirán puestos de trabajo para innumerables trabajadores de Arizona”.
Otra iniciativa de Arizona que gira en torno a la invasión de propiedad privada ha generado alarma debido a la intención declarada del autor de que pueda ser utilizada por granjeros para matar de forma legal a las personas que atraviesan sus propiedades.
Pero la redacción de este proyecto de ley no hace mención de migrantes o de la frontera, y en su lugar realiza pocos cambios a una ley existente.
El representante republicano Justin Heap usó el ejemplo de un ranchero que defiende su propiedad de los migrantes al afirmar que su propuesta cerraría “un vacío legal” que contenía la ley anterior, la cual permite que un propietario use fuerza letal en contra de alguien dentro de su residencia, pero no en otra parte de su propiedad.
“Cada vez vemos a más migrantes o a traficantes de personas que se mueven por nuestras tierras”, dijo Heap durante una audiencia de la comisión hace poco este año.
Su declaración hizo recordar el caso en el que George Kelly, propietario de un rancho ubicado cerca de la frontera, irá a juicio el próximo mes por matar a disparos a un migrante en su propiedad del área metropolitana de Nogales.
Durante una entrevista con un analista conservador hace unas semanas, Abbott dijo que su estado hacía todo lo posible para evitar que los migrantes cruzaran ilegalmente la frontera, excepto dispararles, “porque, desde luego, el gobierno federal nos acusaría de asesinato”.
No es la primera vez que los legisladores republicanos de Arizona han intentando criminalizar a los migrantes que están en Estados Unidos sin autorización legal.
Al aprobar su connotada iniciativa migratoria de 2010, la Legislatura del estado sopesó la posibilidad de expandir la ley estatal de invasión de propiedad privada para penalizar la presencia de inmigrantes e imponer sanciones penales.
Pero la redacción de invasión de propiedad privada fue retirada y reemplazada con el requerimiento de que, en la aplicación de otras leyes, los policías cuestionaran el estatus migratorio de una persona si se presumía que estaban en el país de manera ilegal.
La Corte Suprema federal ratificó en última instancia el requerimiento de que los policías preguntaran el estatus migratorio, a pesar de las preocupaciones de encasillamiento racial que plantearon los críticos; sin embargo, los tribunales prohibieron la aplicación de otras secciones de la ley.
La ley desató un furor nacional en el que sus simpatizantes pedían medidas similares para sus estados y los detractores exigían un boicot económico para Arizona.
Varias otras leyes de inmigración de Arizona han sido desestimadas por los tribunales en el transcurso de los años.
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