Más de 40,000 empleados del gobierno federal de Estados Unidos se había acogido hasta el miércoles a la oferta de la administración Trump de pagarles hasta fines de setiembre si aceptan retirarse a fines de febrero. La cifra corresponde a aproximadamente el 2% de la fuerza laboral civil federal.
Un funcionario de la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) familiarizado con los datos de renuncia diferida dijo que el número estaba creciendo y que la administración esperaba una avalancha de solicitudes en las últimas 24 horas.
El plazo para presentar la solicitud, que puede hacerse simplemente enviando la palabra “renunciar” desde una cuenta de correo electrónico del gobierno, vence este jueves al final del día, hora de Washington.
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El presidente Donald Trump y el jefe de su Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, quien además es director ejecutivo de Tesla Inc. y SpaceX, han buscado formas de reducir rápidamente el tamaño del gobierno en los primeros días del segundo mandato de Trump. La Casa Blanca estimó anteriormente que entre el 5% y el 10% de la plantilla federal podría aceptar la oferta.
Según los datos proporcionados por la OPM, en la última década se han retirado un promedio de 62,000 trabajadores federales al año. Unos 298,000 empleados podrán jubilarse en los próximos dos años.
La OPM ha comunicado a los trabajadores que no se puede garantizar la seguridad de sus empleos si no aceptan el acuerdo. La mayoría de las agencias federales “probablemente se reducirán mediante reestructuraciones, realineaciones y reducciones de personal”, señaló la OPM en un correo electrónico a los trabajadores federales el 28 de enero.
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No se han publicado cifras exactas sobre el número de personas que pueden acogerse al plan. Hay casi 2.3 millones de empleados federales civiles, pero el número de personas que pueden acogerse a la renuncia diferida podría ser menos de la mitad. La OPM eximió a los empleados civiles de defensa, inmigración y fuerzas del orden, a los trabajadores de correos y a otros puestos sensibles.
Los sindicatos de empleados federales han instado a sus miembros a no aceptar el acuerdo, cuestionando su legalidad y aplicabilidad. “Los empleados federales no deben dejarse engañar por las hábiles palabras de multimillonarios no elegidos y sus lacayos”, dijo Everett Kelley, presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno.
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