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Pocas lágrimas se derramaron a finales de julio cuando, de un plumazo, cerca del 80% de los contratos laborales sindicales de México —aproximadamente 110,000, que cubren a decenas de millones de trabajadores— se esfumaron, cancelados por una nueva disposición de la legislación laboral mexicana que exigía que todos estos fueran sometidos al voto de validación de los trabajadores o se darían por terminados.
La medida fue un duro golpe para las grandes confederaciones sindicales mexicanas, la CTM y la más pequeña CROC, que durante décadas dirigieron “sindicatos charros” antidemocráticos. Su modus operandi se basaba en lograr acuerdos ventajosos con los empresarios, al tiempo que constituían un pilar fundamental de apoyo al PRI, partido que gobernó México durante mucho tiempo y que mantuvo su influencia incluso después de ser expulsado del poder por primera vez en el año 2000.
Más allá de México, la Administración del presidente Joe Biden y los sindicatos al norte de la frontera esperan que esto suponga el primer paso para ampliar las protecciones laborales más allá de los confines de Estados Unidos y ayudar a construir un movimiento sindical que pueda proteger a los suyos en la economía global.
La cancelación de los contratos se produjo a través de las disposiciones laborales adjuntas al USMCA, firmado en 2018 entre Estados Unidos, México y Canadá para actualizar el Nafta, de 24 años de antigüedad, que tenía como objetivo eliminar los “contratos de protección” y otros tratos de favor celebrados en las trastiendas por ejecutivos empresariales y jefes sindicales corruptos.
A pesar de que dejó a millones de trabajadores sin contrato, el recorte podría permitir que sindicatos independientes tomen el relevo por medio de elecciones transparentes y democráticas y que negocien algunos contratos que mejoren los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos, reprimidos desde hace tiempo.
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“En este momento, la organización sindical en México es más interesante que en cualquier otra parte del mundo”, afirmó Shawna Bader-Blau, directora del Solidarity Center, un grupo mundial de defensa de los derechos de los trabajadores. “Vemos nuevos sindicatos independientes y negociaciones colectivas reales que producen aumentos salariales significativos por primera vez en décadas”.
También se adjunta al USMCA una disposición que permite a los trabajadores y sindicatos de México presentar denuncias en Estados Unidos contra una empresa o instalación individual que viole el derecho de los trabajadores a organizarse o negociar colectivamente.
En virtud de un nuevo “mecanismo de respuesta rápida”, Estados Unidos puede denegar a la empresa el acceso preferente al mercado estadounidense, lo que supone un poderoso incentivo para que se alinee rápidamente.
El primer caso, en una planta de General Motors en el estado de Guanajuato en 2021, permitió a los trabajadores rechazar un contrato que les resultara ventajoso, votar a otro sindicato y conseguir un nuevo acuerdo que ofrecía aumentos salariales del 26.3% y otros beneficios, incluido un mecanismo para las quejas de los trabajadores, según datos del Departamento de Trabajo.
Desde entonces, el mecanismo se ha repetido en otras 13 situaciones. En 12 de ellas, los avances de los trabajadores han sido sustanciales, ofreciendo cambios sin precedentes en un panorama laboral mexicano acosado por la corrupción.
“En algunas de las elecciones sindicales el recuento de votos fue abrumador”, afirma Thea Lee, Subsecretaria de Trabajo para Asuntos Internacionales. “Tres cuartas partes de los trabajadores votaban por echar a los vagos”.
La inclusión de mecanismos de protección de los derechos laborales en la arquitectura económica mundial no está exenta de polémica, pero gana aceptación rápidamente. Sirva de ejemplo la iniciativa conjunta para “promover los derechos de los trabajadores en todo el mundo”, anunciada por Biden y el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas el mes pasado, que incluía planes para incorporar la perspectiva laboral en foros multilaterales como las cumbres de la ONU sobre el clima y el Grupo de los Veinte.
El aparente entusiasmo del Gobierno mexicano por el capítulo laboral del USMCA supone un cambio radical con respecto a la década de 1990, cuando las autoridades mexicanas se resistían a incluir protecciones laborales en el Nafta, preocupadas por la posibilidad de que sirvieran de tapadera para que Estados Unidos desplegara el tipo de proteccionismo que exigían personas como Ross Perot, el malhumorado multimillonario y candidato a la presidencia que predijo que el Nafta provocaría una gigantesca migración de puestos de trabajo estadounidenses hacia el sur.
En los primeros días del Nafta, Lee trabajó como economista internacional jefa para la AFL-CIO. Fue testigo de cómo los acuerdos laborales añadidos a regañadientes a ese acuerdo resultaban débiles y carecían de una aplicación creíble. El USMCA, por el contrario, ofrece a los trabajadores un arma poderosa: aranceles sobre las exportaciones de las instalaciones infractoras. Además, esta vez México ha aceptado cambiar su legislación laboral. “Esto se basa realmente en 25 años de fracasos del TLCAN en el aspecto laboral”, me dijo.
El capítulo laboral del USMCA refleja lo mucho que ha cambiado la política comercial en el último cuarto de siglo. En Estados Unidos, la antigua creencia en los méritos del comercio impulsada por las élites a ambos lados de la división política se vio sacudida por el éxito del populismo proteccionista del presidente Donald Trump, que impulsó a la Administración Biden a asumir el papel de campeón sindical.
“Ha quedado claro que fundar la economía política en la mano de obra barata no es políticamente sostenible”, señaló Damon Silvers, exdirector de políticas de la AFL-CIO. “La inestabilidad de la democracia estadounidense asociada al trumpismo proviene de una estrategia económica centrada en la mano de obra barata”.
En México, donde el TLCAN no ha logrado producir nada que se acerque a una prosperidad ampliamente compartida, y donde los salarios desde 1990 se han mantenido volátiles en la escala de cualificaciones, desde los trabajadores sin educación hasta los que tienen un título universitario, el cálculo político parece haber cambiado también.
“La agenda de las empresas estadounidenses en el momento de la aprobación del TLCAN era buscar plataformas de bajos salarios”, argumentó Silvers. “Así que las empresas estadounidenses abandonaron México en cuanto descubrieron una plataforma de salarios bajos mucho más amplia en China”.
Sin embargo, sigue habiendo dudas sobre la eficacia de las disposiciones laborales incluidas en el USMCA. ¿Podrán extenderse estas medidas por todo el mercado laboral mexicano hasta el punto de elevar la estructura salarial general de México? Una docena de victorias para los sindicatos independientes a través del mecanismo de respuesta rápida es una buena noticia, pero cambiar el juego requerirá miles.
Además, el objetivo último de los sindicatos estadounidenses, que los salarios de México aumenten hasta el punto de que las empresas estadounidenses ya no puedan contener sus costos laborales nacionales amenazando a sus trabajadores con trasladar los puestos de trabajo al sur de la frontera, parece muy lejano.
“Esto necesita ser mucho más grande si va a tener un amplio impacto en los salarios y las condiciones laborales”, dijo Ben Davis, director de asuntos internacionales del Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos Unidos, quien preside la Junta Independiente de Expertos Laborales de México establecida para monitorear el cumplimiento de México con las obligaciones laborales bajo el USMCA.
“Hasta ahora no ha tenido ningún impacto en la brecha salarial entre México y Estados Unidos, que ha sido de aproximadamente 10 a 1 durante aproximadamente 40 años”.
Una limitación de la nueva herramienta es que, si bien puede influir en las grandes empresas multinacionales que sirven al mercado estadounidense, la mayoría de las empresas mexicanas son pequeñas: informales, no sindicalizadas y, críticamente, no están directamente conectadas al comercio internacional. Sus defensores solo pueden esperar que los nuevos sindicatos independientes que florezcan al amparo del USMCA acaben cubriendo a las empresas situadas más arriba en la cadena de suministro.
¿Las herramientas creadas para el USMCA reconfigurarán la economía mundial en general? Los defensores de los trabajadores en Estados Unidos parecen entusiasmados, muy lejos de su postura generalmente hostil hacia el TLCAN.
“Definitivamente creemos que este es un modelo que debería reproducirse y llevarse a cabo en futuros acuerdos comerciales”, dijo Bader-Blau. “Todo lo que no sea esto en cualquier acuerdo futuro supondría un enorme retroceso”.
La búsqueda de minerales esenciales para la transición hacia energías limpias plantea ahora la posibilidad de nuevos y estrechos acuerdos comerciales, como el propuesto por Indonesia el mes pasado. Es probable que los sindicatos estadounidenses exijan que incluyan algunas protecciones de los derechos laborales. “Puedo afirmar sin temor a equivocarme que nuestra opinión es que el hecho de que el alcance sea limitado no significa que podamos saltarnos la parte laboral”, argumentó Davis.
El proceso de nearshoring también podría ampliar la huella de las protecciones laborales del USMCA si México es capaz de atraer más inversión extranjera no solo por su proximidad a Estados Unidos, sino también por sus normas laborales más estrictas, que ayudan a garantizar la entrada en el mercado estadounidense.
Lee señala que incluso empresas estadounidenses pueden ver lo acertado de las protecciones laborales integradas en los mecanismos que configuran el comercio mundial: “Tienen que adaptarse, pero muchas dicen ‘lo entendemos’. El mundo está cambiando. Algo de esto nos está haciendo mejores empresas’”.
Sin embargo, es posible que las herramientas desarrolladas para mejorar las condiciones laborales en México nunca trasciendan el limitado contexto mexicano. Para empezar, es poco probable que los escasos logros sindicales conseguidos hasta ahora en México convenzan a los sindicatos estadounidenses de que abandonen su oposición generalizada a los acuerdos comerciales de prácticamente cualquier tipo.
Para mejorar realmente la suerte de los trabajadores estadounidenses, la vía más prometedora puede tener menos que ver con elevar el suelo salarial de los trabajadores de países más pobres como México que con ofrecer las protecciones disponibles en gran parte del mundo rico, donde los sindicatos son más robustos y los derechos de los trabajadores más sólidos.
Si la Unión Europea quiere llegar a un acuerdo con Washington, podría presionar al rezago en materia laboral para que ofrezca a los trabajadores estadounidenses protecciones significativas.
Por Eduardo Porter
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