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La Administración Biden reconoció que, en el último año fiscal, Estados Unidos no emitió aproximadamente 80,000 tarjetas de residencia que deberían haber sido entregadas a trabajadores inmigrantes legales. La disminución se suma a un acumulado de más de un millón de personas que esperan recibir visas de empleo. El Congreso debe asegurarse de que esas tarjetas verdes se utilizan y luego comenzar a arreglar un sistema que agobia inútilmente a inmigrantes calificados y a las empresas que los emplean.
Cada año, EE.UU. emite un máximo de 140,000 tarjetas verdes —las famosas green card—para inmigrantes patrocinados por empleadores que han recibido aprobación para residencia permanente. Esta cifra está congelada desde 1990. Otras 226,000 tarjetas verdes de “preferencia familiar” están reservadas para familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes. En los años en los que no se alcanza el límite para las visas de preferencia familiar, debido a la baja demanda o retrasos en el procesamiento —o ambas cosas—, las visas no utilizadas se transfieren a la categoría por empleo, pero deben otorgarse al final del siguiente año fiscal.
El cierre de las oficinas de inmigración durante la pandemia, junto con las restricciones impuestas por la Administración Trump, hizo que la cantidad de tarjetas de residencia de preferencia familiar se desplomara en 2020. Como resultado, se pusieron a disposición 122,000 tarjetas de residencia adicionales desde la categoría laboral. Esto debería haber sido una buena noticia para los trabajadores que estaban en fila en el proceso de la tarjeta de residencia, algunos de los cuales han vivido de manera legal en EE.UU. durante décadas. Pero la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. no estaba preparada para manejar el aumento de la demanda. A pesar de un impulso tardío de la Administración Biden, la agencia no logró otorgar la cuota completa antes de la fecha límite del 30 de septiembre. Si el Congreso no actúa, esas tarjetas de residencia no utilizadas se perderán para siempre.
Esto agrava la falla de un sistema que, incluso cuando funciona según lo previsto, deja a cientos de miles de trabajadores calificados y legalmente empleados en el limbo. En promedio, los inmigrantes con un alto nivel educativo que han calificado para obtener tarjetas de residencia pueden llegar a esperar 16 años antes de recibirlas. Debido a los límites en la cantidad emitida individualmente a un país, muchos inmigrantes de India cuya residencia permanente en EE.UU. ha sido aprobada nunca recibirán una tarjeta.
La legislación introducida por dos republicanos, el senador Thom Tillis y la representante Mariannette Miller-Meeks, autorizaría al Gobierno a “recuperar” las visas vencidas y transferirlas al próximo año. Hasta ahora, el proyecto de ley no ha logrado obtener el respaldo de los demócratas del Congreso, que buscan incluir reformas migratorias más amplias en su paquete de gastos de US$3.5 billones. Al menos un legislador, el senador demócrata Robert Menendez, sugirió que se opondría a emitir más tarjetas verdes por empleo a menos que el Congreso también haga lo necesario para proteger a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en EE.UU.
Esto está mal. Aunque los demócratas tienen razón al impulsar una reforma migratoria integral, no tiene sentido dejar este problema inmediato sin resolver. Los líderes demócratas deberían adoptar de inmediato el proyecto de ley de Tillis para permitir que la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración retenga las tarjetas de residencia por empleo no utilizadas y las emita el próximo año. El Congreso también debería proporcionar recursos adicionales para hacer frente a la escasez de personal. Mientras tanto, la Administración Biden debería agilizar un proceso de aprobación absurdamente complejo. Esto significa, entre otras cosas, actualizar la tecnología para permitir a los solicitantes presentar el papeleo en línea.
Eliminar el acumulado de visas eventualmente requerirá elevar el límite arbitrario a la cantidad de tarjetas emitidas cada año. También se necesita una reforma migratoria más amplia. Esos son desafíos mayores, pero un primer paso fácil es entregar las tarjetas que el Gobierno ya está autorizado a otorgar. No hay excusa para no hacer ni siquiera eso.
