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El gobierno del presidente Joe Biden está dando un paso clave para garantizar que los fondos federales respalden el sector manufacturero de Estados Unidos, con el establecimiento de requisitos sobre cómo los proyectos de infraestructura financiados con dinero federal obtienen su material de construcción.
La guía que se emitió este lunes requiere que el material comprado, ya sea para un puente, una carretera, una tubería de agua o internet de banda ancha, se produzca en Estados Unidos, de acuerdo con funcionarios del gobierno federal.
Sin embargo, las reglas también establecen un proceso para renunciar a esos requisitos en caso de que no haya suficientes productores nacionales o el material cueste demasiado, con el objetivo de emitir menos exenciones a medida que aumente la capacidad de fabricación del país.
“Va a haber oportunidades adicionales para buenos empleos en el sector manufacturero”, indicó Celeste Drake, directora de la iniciativa Made in America (Hecho en Estados Unidos), en la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca.
El presidente espera crear más empleos, relajar las tensiones en la cadena de suministro y reducir la dependencia de China y otras naciones con intereses diferentes a los de Estados Unidos.
Con la inflación en un máximo de 40 años antes de las elecciones intermedias del 2022, Biden está apostando a que una mayor producción nacional reducirá en última instancia las presiones sobre los precios y mitigue los ataques republicanos de que su paquete de ayuda económica de US$ 1.9 billones para ayudar a la economía tras los efectos de la pandemia de coronavirus detonó inicialmente un alza de precios.
“Desde el primer día, cada acción que he tomado para reconstruir nuestra economía se ha guiado por un principio: Hecho en Estados Unidos”, dijo Biden el jueves en Greensboro, Carolina del Norte. “Se necesita un gobierno federal que no solo hable de labios para afuera sobre comprar productos estadounidenses, sino que realmente tome medidas”.
Señaló que se supone que los cerca de US$ 700,000 millones que el gobierno destina anualmente a la compra de bienes dan prioridad a los proveedores estadounidenses, pero las regulaciones que datan de la década de 1930 se diluyeron o se aplicaron de manera que ocultaron el uso de importaciones extranjeras.
