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Incluso antes de que el pleno de la Cámara vote esta semana sobre si someterán al presidente Donald Trump a un juicio político, el Senado discute acerca de cómo será su posterior juicio. Los demócratas están presionando por un procedimiento relativamente sólido, que incluiría llamar a testigos pertinentes y exigir que la administración Trump dé a conocer documentos clave.
La Casa Blanca quiere llamar a Nancy Pelosi, Adam Schiff y Hunter Biden; en otras palabras, llevar a demócratas a juicio. ¿En cuanto a Mitch McConnell? Quiere terminar con esto lo más rápido posible, sin ningún testigo.
Una mayoría del Senado de cualquier tipo determinará quién se sale con la suya. Si 51 de los 53 republicanos permanecen unidos, pueden controlar lo que sucede; si cuatro republicanos votan junto a demócratas unidos (esto último no es algo de lo que se tenga certeza), esa mayoría podrá hacerse cargo.
Sin embargo, nadie sabe aún dónde irán los votos. Pero es una buena apuesta que, si los republicanos no se unen, McConnell intentará llegar a algún tipo de acuerdo que minimice los votos difíciles, especialmente para aquellos en su partido que se enfrentan a competitivas carreras para su reelección en el 2020.
McConnell ha recibido muchas críticas por su promesa de coordinar con la Casa Blanca el procedimiento. Pero eso no significa que esté equivocado. Como señala el cientista político Matt Glassman, el juicio político y el juicio en el Senado son procedimientos necesariamente políticos. No debemos esperar que los senadores actúen como jurados en un caso penal.
Si los legisladores hubieran querido que el destino del presidente dependiera de actores políticamente neutrales, entonces los senadores de Estados Unidos habrían sido las últimas personas a las que les hubieran dado la responsabilidad. La idea de que cualquier republicano que ya ha pedido la absolución de Trump debería recusarse y no votar es una tontería.
Dicho esto, la promesa de McConnell de coordinarse con la Casa Blanca podría resultar políticamente incómoda. Y esa no es la única razón por la que un juicio “político” podría terminar perjudicando a la Casa Blanca. Dado que este no es un proceso penal y los senadores no son jurados imparciales, no tienen que limitarse a los cargos específicos que la Cámara ha presentado.
Por ejemplo, son libres de tomar en cuenta la política electoral o considerar las interrogantes más amplias sobre si el presidente es apto para el cargo o representa un peligro para la Constitución. De hecho, diría que tienen la obligación de hacerlo.
Todo esto hace que un procedimiento por juicio político en el Senado sea un animal extraño. Es como un típico juicio penal, pero no lo es; no tiene procedimientos fijos, pero seguirá el curso, cualquiera sea, que elijan 51 senadores, incluso si lo elaboran a medida que avanzan. Y no tiene que ser “justo”, excepto en la medida en que los senadores quieran que parezca justo, lo cual es razonablemente probable.
Por Jonathan Bernstein
Esta columna no refleja necesariamente la opinión de la junta editorial o de Bloomberg LP y sus dueños.