Un retraso de meses en la tramitación de permisos laborales está complicando los esfuerzos del Gobierno estadounidense para ayudar a ciudades como Nueva York a hacer frente a una afluencia de inmigrantes indocumentados y aliviar la escasez de trabajadores.
En un esfuerzo por aliviar algunas de esas presiones, la Administración Biden anunció recientemente que cerca de 500,000 venezolanos califican para permisos de trabajo temporales. Pero el creciente estancamiento para procesar dichos permisos en la agencia encargada de la inmigración, con problemas de liquidez, amenaza ahora esa solución.
Además, la desaceleración también podría descarrilar la recuperación del mercado laboral de Estados Unidos. Los trabajadores nacidos en el extranjero, que tienen más probabilidades de ocupar puestos en sectores donde las empresas han tenido más dificultades para contratar, ayudaron a suavizar el golpe de una escasez de mano de obra sin precedentes durante la recuperación de la pandemia, al tiempo que redujeron la presión sobre los salarios.
En repetida ocasiones, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha citado la inmigración como un factor clave en el aumento general del número de trabajadores disponibles. Tanto una mayor participación de la fuerza laboral como un repunte de la inmigración están ayudando a la economía, dijo Powell en una conferencia de prensa el 1 de noviembre.
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“Parte de por qué el PBI es tan alto se debe a que estamos recibiendo esa oferta”, dijo, refiriéndose al producto bruto interno.
Pero la contribución de la inmigración al mercado laboral se desacelera rápidamente. Los trabajadores nacidos en el extranjero representaron un poco más de una cuarta parte del aumento neto de la fuerza laboral del año pasado, frente a más del 95% en los dos años anteriores, según datos no ajustados de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).
La encuesta utilizada por BLS define como “nacidos en el extranjero” a todos los trabajadores nacidos fuera de Estados Unidos de padres extranjeros, independientemente de su estatus migratorio o nacionalidad. En teoría, los datos representan tanto a los trabajadores legales como a los indocumentados, aunque es posible que las cifras no capturen el alcance total del reciente aumento en los cruces fronterizos.
Para abordar la creciente crisis migratoria, una iniciativa a la que ha recurrido la Administración Biden es el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS). Bajo el TPS, los inmigrantes provenientes de 16 países considerados inseguros por el Departamento de Seguridad Nacional que ya se encuentran en Estados Unidos pueden solicitar un permiso que les otorga el derecho a buscar empleo por un período determinado.
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A partir de este verano, cerca de 350,000 solicitudes de TPS estaban pendientes de ser procesadas. La mayoría eran de venezolanos que, según el último recuento, enfrentan tiempos de espera de unos 19 meses. En general, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la agencia que supervisa la inmigración legal, tenía un retraso récord de casi 9 millones de solicitudes pendientes.
Eso es probable que empeore según un plan presentado en setiembre por la Casa Blanca que está diseñado para otorgar permisos de 18 meses a hasta 472,000 venezolanos más. La ampliación del programa fue una respuesta a ciudades como Nueva York, que se han visto sometidas a la presión de los migrantes enviados desde la frontera sur por estados como Texas.
Mirror Lake Inn Resort & Spa en Lake Placid, Nueva York, es uno de los 379 negocios que acordaron contratar inmigrantes a través de un plan anunciado por la gobernadora Kathy Hochul para establecer contacto entre cerca de 18,000 puestos vacantes en el estado y los solicitantes.
Cada año, durante las temporadas altas de verano e invierno, el complejo atrae a unos 30 estudiantes internacionales con una visa de cuatro meses, quienes realizan diversos trabajos, como de limpieza y recepción, por hasta 20 dólares la hora. Mirror Lake también les proporciona alojamiento en el lugar.
Una vez que se van, el complejo trabaja a marchas forzadas.
“Simplemente no hay suficiente mano de obra laboral local para cubrir todos los puestos de todas las empresas que hay por aquí“, dijo Andrew Weibrecht, gerente de operaciones de Mirror Lake, que busca contratar a 30 inmigrantes con permiso de trabajo. “Estamos buscando formas creativas de llenar esos vacíos y volver a contar con una plantilla completa”.
Si bien Mirror Lake aún no ha contratado a nadie a través del programa TPS, sí contrató a un solicitante de asilo que ya reside en Lake Placid, dijo un representante de Recursos Humanos.
La nueva designación de TPS beneficiaría no sólo a los trabajadores sino también a los empleadores, dijo Cecilia Menjívar, socióloga que estudia el impacto del TPS en la Universidad de California en Los Ángeles. “Extenderles un permiso de trabajo garantiza al Gobierno que estarán formalmente activos, no informalmente, lo que significa que ingresarán a instituciones formales, al sistema tributario y todo lo que eso conlleva”.
Si bien USCIS se financia en gran medida con las tarifas de los solicitantes, en los últimos años ha dependido del apoyo financiero del Congreso para desahogar el retraso después de evitar un casi colapso en 2020 debido a los recortes de gasto.
“USCIS continúa aplicando cada fuerza de trabajo, política y herramienta operativa a su disposición para reducir los atrasos de TPS y los tiempos de procesamiento”, dijo un portavoz en un comunicado enviado por correo electrónico. “Pero el apoyo continuo del Congreso es fundamental para eliminar los atrasos netos actuales”.
Los problemas de financiación ya contribuían a aumentar los tiempos de procesamiento antes de la era COVID-19, pero la reducción de los servicios y la reducción del personal durante la crisis sanitaria los empeoraron exponencialmente.
En el caso concreto del TPS, los retrasos del USCIS aumentaron a principios de 2022, después de que la Casa Blanca ofreciera por primera vez el estatus de protección a unos 320,000 venezolanos el año anterior.
Eber Corona, de 25 años, vio en cruzar la frontera entre Estados Unidos y México la única escapatoria a la represión política del Gobierno de Nicolás Maduro. Tras pasar unos días en un centro de detención de inmigrantes en El Paso en octubre de 2021, presentó una solicitud de asilo político, que dos años después sigue pendiente de aprobación.
Corona, que alguna vez fue estudiante de ingeniería informática, ahora trabaja en turnos de 12 horas en una instalación de fabricación de equipos de Stewart & Stevenson LLC en Katy, Texas, gracias a una tarjeta de autorización de empleo que pronto expirará. Sin información sobre su solicitud de asilo, el TPS es su única esperanza, dijo.
“Todavía estoy peleando mi caso”, dijo Corona. “Aunque tengo mi permiso de trabajo, mi número de Seguridad Social y mi caso de asilo político, todavía estoy esperando que me llamen”.
La incertidumbre también ha impactado a Jorge Urdaneta, de 25 años. En 2020, obtuvo un MBA de la Universidad San Ignacio de Miami. Temía sufrir una reacción violenta por su activismo político fuera de Venezuela y quería permanecer en Estados Unidos
Sabiendo que su visa de estudiante internacional estaba a punto de expirar, solicitó el TPS en la primera ventana del programa en 2021. La aprobación llegó más de un año después. Durante ese tiempo, no se le permitió trabajar legalmente.
Cuando la Casa Blanca amplió el programa en setiembre, también anunció que extendía el TPS para los actuales beneficiarios venezolanos hasta 2025. La decisión permitió a Urdaneta mantener su trabajo como representante de ventas para Prince Distributors LLC, un proveedor de productos alimenticios kosher en Miami.
“Para quienes no tienen permiso de trabajo, los retrasos son terribles”, dijo Urdaneta. “Sin eso, no se puede avanzar”.
