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Las autoridades estadounidenses están registrando cifras históricas de migrantes que llegan a la frontera con México, pero no ha habido un repunte tras la expiración de las restricciones fronterizas de la era de la pandemia.
“Seguimos encontrando altos niveles de no ciudadanos en la frontera, pero no hemos visto un aumento sustancial durante la noche o una afluencia a medianoche”, dijo el viernes Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Seguridad Nacional para la política fronteriza y de inmigración, a los periodistas.
Nuñez-Neto declinó dar el número concreto de encuentros que se produjeron el viernes después de que se levantaran oficialmente los límites fronterizos, conocidos como Título 42. Las autoridades dijeron que en los últimos días el número se situó en un máximo histórico de 10.000 diarios.
Funcionarios del Gobierno de Biden expresaron su preocupación de que una serie de asuntos legales, entre ellos un juez federal en Florida que impidió que los migrantes fueran liberados de la custodia de la Patrulla Fronteriza sin notificaciones judiciales, pudieran sobrecargar aún más los recursos e impedirles ejecutar sus planes.
Núñez-Neto dijo que la Administración acataría la sentencia, pero está evaluando sus próximos pasos, que podrían incluir una apelación.
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La decisión judicial “provocará un hacinamiento inseguro” en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. “y mermará nuestra capacidad de procesar y expulsar a los inmigrantes de forma eficaz, con el riesgo de crear condiciones peligrosas”, afirmó.
La situación en la frontera amenaza con asestar un duro golpe al presidente Joe Biden. Apenas dos semanas después de anunciar su candidatura a la reelección, Biden ya está lidiando con unos bajos índices de aprobación, un enfrentamiento con los republicanos por el aumento del límite de la deuda estadounidense y dudas sobre si el presidente de más edad de la historia de EE.UU. será capaz de guiar a la nación durante otros seis años.
La inmigración ha sido un albatros político para Biden, con los republicanos e incluso algunos demócratas cuestionando si la Casa Blanca estaba preparada para gestionar la afluencia de inmigrantes.
El Gobierno de Biden ha rechazado la idea de que se le haya pillado desprevenido, promocionando acciones diseñadas para frenar el número de personas que viajan a la frontera.
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Biden reconoció el martes que “será caótico por un tiempo”, pero enfatizó que él y su Administración han hablado con líderes regionales, incluido el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cuyo país ha accedido a aceptar un cierto número de inmigrantes expulsados de EE.UU.
La administración puso el miércoles punto final a un importante cambio en la política de asilo, facilitando a los agentes estadounidenses la deportación de los solicitantes de asilo que no soliciten primero protección en un país por el que hayan viajado, no concierten una cita con las autoridades de inmigración estadounidenses y no cumplan otros requisitos.
Ello permitiría a las autoridades expulsar rápidamente a los inmigrantes tras perder su capacidad de devolverlos rápidamente en virtud del Título 42.
Sin embargo, la normativa se enfrenta a un recurso judicial de la Unión Americana de Libertades Civiles y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, que afirman que viola la legislación estadounidense e internacional que protege el derecho de las personas a solicitar asilo.
Las autoridades estadounidenses también están trabajando para establecer centros de tramitación en países latinoamericanos y se han coordinado con organizaciones internacionales para examinar a los inmigrantes. Sin embargo, esos centros aún no están en funcionamiento.
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La Administración permitió a los inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela solicitar el estatus temporal conocido como “libertad condicional humanitaria”, que les permite vivir y trabajar en EE.UU.durante dos años. Texas y otros estados liderados por los republicanos han presentado una demanda para detener el programa.
En la frontera, se enviaron 1.000 agentes de asilo más a las instalaciones de la Patrulla Fronteriza para tramitar las solicitudes de asilo y 1.500 militares estadounidenses estarán allí para ayudar en las tareas logísticas. También se están enviando a la frontera suroeste unos 1.400 miembros del personal médico y 1.100 coordinadores de tramitación.
Biden ha estado al tanto de la evolución de la situación en la frontera. El jueves se reunió con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y otros funcionarios para hablar de la situación. Mayorkas ha desempeñado un papel destacado en la respuesta, viajando a la frontera en el sur de Texas y advirtiendo repetidamente a los inmigrantes de que no emprendan el peligroso viaje hacia el norte en una serie de comparecencias ante los medios de comunicación.
La directora saliente de política interior de Biden, Susan Rice, ha supervisado las medidas de política de inmigración de la administración. La vicepresidenta Kamala Harris, a quien se encomendó la tarea de abordar las causas profundas de la migración procedente de Centroamérica, ha sido informada regularmente de los preparativos para el fin del Título 42, según un funcionario de la Casa Blanca.
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