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La política migratoria de Estados Unidos debe guiarse por dos principios básicos. El primero es que los inmigrantes son indispensables para la innovación estadounidense y el crecimiento económico a largo plazo. El segundo es que las leyes para asegurar las fronteras del país deben cumplirse de forma rigurosa.
Un sistema basado en estos ideales de sentido común promovería el dinamismo económico, aumentaría los ingresos fiscales, evitaría la disminución de la población y protegería la seguridad nacional. También contaría con el apoyo de la mayoría de los estadounidenses. Desafortunadamente, el enfoque de la Administración de Biden sobre la inmigración, tanto legal como de otro tipo, hasta ahora, parece irremediablemente confuso. Arreglarlo debería ser una prioridad máxima en lo que resta del mandato del presidente.
Comencemos con el sistema de inmigración legal. Actualmente, la balanza de la ley está muy inclinada hacia los inmigrantes con lazos familiares, representando casi un 70% de quienes reciben la residencia permanente. Otro 4% la obtiene a través de la “lotería de la diversidad”, que otorga visas a residentes de países con tasas históricamente bajas de inmigración en EE.UU. Del millón de tarjetas de residencia otorgadas en el último año antes de la pandemia, menos del 15% fueron por motivos laborales.
Para corregir este desequilibrio, EE.UU. debería adoptar un sistema de inmigración basado en puntos, similar a los de Canadá y Australia, y dar preferencia a inmigrantes altamente calificados. Aquellos con conocimientos especializados, habilidades lingüísticas sobresalientes y potencial empresarial, así como a estudiantes extranjeros que obtengan títulos avanzados en EE.UU.
Pocas políticas gubernamentales harían más para reforzar el liderazgo estadounidense en ciencia y tecnología que esta última. Además, hay razones para creer que tal reforma atraería apoyo bipartidista. (Incluso el expresidente Donald Trump una vez expresó entusiasmo por la idea). Sin embargo, Biden no ha mostrado urgencia. La legislación presentada por los demócratas y respaldada por la Casa Blanca daría un pequeño impulso a la cantidad de “green cards” que emite EE.UU. por motivos laborales, que actualmente tiene un tope de 140.000 por año, pero no es suficiente para establecer un sistema viable basado en habilidades.
Por supuesto, cualquier aumento de la inmigración legal será imposible sin mejoras en la seguridad fronteriza. En esto, también, el enfoque de la Administración Biden ha sido algo desordenado.
Bajo la supervisión de Biden, los intentos de cruzar la frontera han alcanzado niveles récord. Para hacer frente a la crisis, la Administración se basó en una disposición de la era de la Segunda Guerra Mundial llamada Título 42, que permite al Gobierno frenar la inmigración durante una emergencia de salud pública. Desde la primavera de 2020, cuando la Administración Trump introdujo esta práctica, EE.UU. ha expulsado a más de 1 millón de migrantes de la frontera sin permitirles solicitar asilo, una práctica insensible que viola la política estadounidense de antaño.
Este enfoque podría haber tenido sentido antes en la pandemia, cuando las abarrotadas instalaciones fronterizas representaban una amenaza importante para la salud pública. Sin embargo, la medida ahora resulta innecesaria e inhumana, dado que muchos de los deportados podrían estar en peligro en sus países de origen. Además, el hecho de simplemente expulsar a los migrantes hace poco para disuadirlos de volver a intentarlo: más de una cuarta parte de los que se encuentran en la frontera ya lo habían intentado anteriormente.
Por otro lado, la Administración actual cuenta con una herramienta más eficaz para gestionar este problema. Una política de la era Trump llamada Protocolos de Protección de Migrantes que requiere que las personas detenidas en la frontera permanezcan en México mientras pasan por el proceso de asilo. A pesar de que este programa tiene fallas, ya que algunos solicitantes tienen que soportar condiciones inseguras mientras esperan las audiencias, otorga a los inmigrantes representación legal y la oportunidad de presentar su caso ante un funcionario de inmigración de EE.UU. Resulta curioso que, en lugar de arreglar este sistema y ampliarlo, la Administración haya decidido tratar de rescindirlo en los tribunales al tiempo que continúa aplicando el Título 42. Debería estar haciendo lo contrario.
Desafortunadamente, tal incoherencia ha afectado la política de inmigración de la Administración desde el principio. Corregirla es un paso necesario hacia un sistema más ordenado, uno que defienda los valores estadounidenses y atraiga a los inmigrantes que el país necesita.