El Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) de Estados Unidos compartió las direcciones residenciales de más de 40,000 extranjeros con las autoridades migratorias, que buscan que la información confidencial de al menos un millón de personas más se incorpore directamente a su base de datos.
La información fue sacada de los formularios de declaración de renta 1040, W2 y 1099 presentados por los contribuyentes, “que ahora se envían directamente a la base de datos de inmigrantes del ICE”, según explicó Asian Law Caucus (ALC).
Los detalles de cómo y cuál información comparte el IRS con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) fueron revelados gracias a la demanda emprendida por el Centro de Desarrollo Económico Comunitario del Sureste de Massachusetts (CEDC) en nombre de ALC y Greater Boston Legal Services (GBLS).
La Casa Blanca aceptó compartir con los demandantes las especificaciones del acuerdo, en el que ICE busca que la información confidencial de al menos un millón de personas más se envíe directamente a ellos.
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La Administración Trump también ha ordenado a las agencias federales que destinen personal, incluyendo 250 agentes del IRS, a su programa de deportaciones masivas.
Corinn Williams, directora del CEDC, expresó en un comunicado serias preocupaciones sobre la necesidad de presentar una querella legal para que el IRS revelara los detalles del acuerdo con ICE sobre los datos de los contribuyentes, que supuestamente son confidenciales, según específica la ley.
“Este cambio de política (del IRS) ha dejado a nuestros miembros expuestos, atemorizados e inseguros sobre el futuro de sus familias”, agregó.
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Josh Rosenthal, director del programa de derechos laborales de ALC, dijo que la batalla legal está lejos de terminar y que estarán atentos para que los agentes de inmigración respeten las leyes de privacidad.
Por su parte, Luz Arévalo, abogada sénior de Greater Boston Legal Services, advirtió que el abuso a las leyes de privacidad puede generar un efecto dominó afectando no solo a los contribuyentes sin estatus migratorio.
“Al erosionar la integridad del sistema tributario, acabará perjudicando a todos”, sentenció.
