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Las investigaciones federales de irregularidades en los mercados de la energía disminuyeron a un mínimo histórico en el año fiscal 2020, lo que provocó preocupaciones de que los reguladores hayan sido blandos con la aplicación bajo la presidencia de Donald Trump.
La Comisión Federal Reguladora de Energía, o FERC por sus siglas en inglés, inició solo seis nuevas investigaciones en el año fiscal que terminó el 30 de setiembre, una baja del 50% con respecto al año anterior y el nivel más bajo desde el 2007, cuando la agencia comenzó a publicar los datos, según un informe del Gobierno publicado el jueves.
Los casos de iniciativas de cumplimiento han disminuido desde que los republicanos asumieron el control de la agencia cerca de fines del año fiscal 2017.
La disminución provocó críticas de que la agencia ha sido laxa en materia de cumplimiento en los últimos años.
“Repentinamente tenemos ángeles de operadores que tienen el mejor de los comportamientos? ¿Me estás tomando el pelo?”, dijo Tyson Slocum, director del programa de energía de Public Citizen, un grupo de defensa del consumidor. “Estoy muy preocupado de que haya una traba para el cumplimiento”.
En el 2020, las investigaciones de la comisión resultaron en multas civiles y descuento de ganancias de US$ 550,000, el nivel más bajo que se tenga en registros que se remontan al 2007. Eso se compara con las multas de US$ 94 millones ordenadas en el 2017, el último año que la demócrata Cheryl LaFleur dirigió la FERC. Fue reemplazada por el republicano Neil Chatterjee en agosto de ese año. El presidente de la comisión tiene las atribuciones para evitar que una investigación avance.
El comisario Richard Glick, el único demócrata actualmente en el panel, también expresó su preocupación por los datos.
“Vale la pena preguntar si la comisión sigue comprometida con sus responsabilidades de cumplimiento”, dijo Glick durante una reunión mensual de la comisión el jueves. “Tengo mis dudas”.
Pueden pasar años antes de que un caso de cumplimiento se haga público, pero, hasta el año pasado, la agencia publicaba habitualmente “avisos de presuntas violaciones”, el equivalente a un registro policial creado cuando alguien es arrestado o se presenta una demanda. La práctica, destinada a aumentar la transparencia en torno a las investigaciones no públicas, fue eliminada el año pasado.