Por Andreas Kluth
La juramentación de nuevos ciudadanos a menudo es noticia en Estados Unidos, especialmente si ocurre en circunstancias inusuales, como la convención nacional de un partido.
Mucho menos reportadas son las amplias renuncias a la ciudadanía por parte de estadounidenses y las dificultades que desembocan en estas decisiones de vida. Casi todos los que renuncian a su nacionalidad estadounidense son expatriados. Además, por cada renunciante que sufre el proceso, hay muchos otros pensando en hacer lo mismo. ¿Por qué?
Un reciente comunicado de prensa en particular ha causado un gran revuelo. Sugería que, después de “un fuerte declive” en los últimos años, las renuncias a la ciudadanía en el primer semestre de este año se elevaron a 5,816, más del doble que la cantidad que renunció a su pasaporte en todo el 2019.
La implicación, según informó el medio estadounidense, era que los expatriados ya estaban hartos del presidente Donald Trump y terminó desesperándolos su mal manejo de la pandemia de COVID-19, lo que resultó en su renuncia a la ciudadanía. Otros factores fueron citados pero como secundarios.
Pero estos números son infamemente defectuosos. Se basan en una lista de nombres de renunciantes publicada cada trimestre por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) del país. Los expertos se refieren a esta práctica bajo el término “doxxing”. Es una lista rezagada y que mezcla datos.
En realidad, la mayoría de las embajadas y consulados dejaron de agendar citas de renuncia de ciudadanía esta primavera, debido a la pandemia. Y la caída en años anteriores, según los expertos, se debió a retrasos y menores registros.
Según las mejores estimaciones, las renuncias han aumentado desde el 2010, cuando la Administración Obama aprobó la infame Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA), que se convirtió en un dolor de cabeza para los expatriados estadounidenses en todo el mundo.
En el 2014, el gobierno elevó la tarifa de renuncia de US$ 450 a US$ 2,350. Sin inmutarse, los expatriados continuaron la tendencia. La burocracia estadounidense luego redujo indirectamente el ritmo con infinito papeleo en los primeros tres años de Trump. Pero volvemos a la tendencia en el 2020.
Ahora, podría ser cierto que la mayoría de los expatriados no aman a Trump. Los estadounidenses en el extranjero tienden a ser profesionales cosmopolitas, a menudo casados con extranjeros o siguiendo carreras internacionales.
Ver las noticias de su país de origen, o hablar de ello en las cenas locales, ha dejado de ser divertido. Las imágenes ocasionalmente evocan una república bananera que sucumbe a la peste mientras se prepara para la guerra civil.
Pero esa no es la razón por la que tantos expatriados han tratado de abandonar su nacionalidad durante la última década. En cambio, como describí el año pasado, es la pesadilla de los informes fiscales y financieros estadounidenses, en los que cualquier cuenta o activo considerado en Washington D.C. como “extranjero” es automáticamente sospechoso, lo que requiere revelaciones adicionales que implican tiempo y gastos y generan intranquilidad.
EE.UU. es casi único en el mundo en tener impuestos basados en la ciudadanía en lugar de la residencia. También tiene un enfoque restrictivo en el que no puede o no quiere distinguir entre, por ejemplo, un estadounidense rico que vive en EE.UU. y trata de esconder dinero en el extranjero y, por ejemplo, un(a) estadounidense de clase media casado(a) con un(a) alemán(a) y que es docente en una escuela primaria en Berlín. El infierno comienza con esa combinación.
Antes del 2010, los impuestos no interrumpían necesariamente la vida de los expatriados como para este maestro de escuela. Esto se debe a que pocos expatriados incluso sabían sobre las reglas de informes terriblemente complejas o se preocupaban por ellas.
Pero FATCA les exigió hacer revelaciones nuevas y redundantes o enfrentar la posibilidad de decenas de miles de dólares en multas o incluso tiempo en prisión. También exigía a sus bancos, corredores y aseguradoras extranjeros que informaran sobre ellos al IRS, o enfrentaran sanciones draconianas.
Como era de esperar, muchos bancos y corredores extranjeros dejaron de aceptar a “personas estadounidenses” o titulares de tarjetas de residencia como clientes. Por lo tanto, los expatriados estadounidenses se han visto cada vez más excluidos de la financiación minorista en sus países de acogida.
Peor aún, la Unión Europea comenzó a aprobar leyes con nombres burocráticamente sublimes como MiFID II y PRIIP que impusieron nuevas reglas sobre todo, desde fondos mutuos hasta seguros de vida. Esto asustó a los bancos estadounidenses y a los corredores de expatriados estadounidenses que viven en Europa, por lo que también comenzaron a expulsar a sus clientes con direcciones extranjeras. Muchos estadounidenses en el extranjero están financieramente abandonados.
En su desesperación, varios han llevado su lucha ante los tribunales. Fabien Lehagre, ciudadano francés que también es un “estadounidense por accidente” porque nació en California, quiere invocar las leyes de privacidad de datos de la UE para que FATCA sea declarado ilegal en Europa.
Una mujer de nacionalidad estadounidense-británica que se hace llamar “Jenny” está tratando de financiar una odisea legal para hacer algo similar en el Reino Unido. Otro desafío está en marcha en Canadá. Ocasionalmente, incluso hay pequeñas victorias.
Pero, en general, los estadounidenses en el extranjero se sienten marginados por su propio país. Al igual que sus conciudadanos en casa, están atrapados en el choque tribal entre republicanos y demócratas. Pero cuando se trata de reconocer las dificultades de los expatriados, los demócratas se han negado a escuchar.
Desde el 2016, el Partido Republicano ha pedido que FATCA y los impuestos basados en la ciudadanía sean removidos de su plataforma. Pero los pocos republicanos que han tratado de lograr un cambio han fracasado hasta ahora.
Si los 9 millones de estadounidenses estimados que viven en el extranjero se reconocieran como una geografía política, se ubicarían por delante de 40 estados por población.
Su maltrato por parte del régimen fiscal y de cumplimiento de EE.UU. sería noticia titular y probablemente se resolvería en un ajuste bipartidista de sentido común. Pero no son un bloque. Al igual que mucho sobre la democracia estadounidense, esta discriminación parece injusta. Y sin embargo, estos millones de voces deben ser escuchadas.