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Primero fue por Donald Trump y luego por Joe Biden. Los papeles clasificados se han convertido en el centro de la política en las últimas semanas en Estados Unidos y han despertado una duda, más allá de la lucha partidista: ¿Se está desprotegiendo el patrimonio nacional?
En un país con apenas dos siglos y medio de historia, existe una norma desde 1978, la Ley de Registros Presidenciales, que define quién es el dueño de cualquier documento público o privado (con algunas pequeñas excepciones) de un presidente o vicepresidente: el pueblo estadounidense, con los Archivos Nacionales como custodios.
Qué documentos se marcan como clasificados, qué categoría tienen (confidencial, secreto o alto secreto) y cómo se manejan está en función de las órdenes ejecutivas de los presidentes.
La última, todavía vigente, es la norma 13526 firmada por Barack Obama en 2009, que es precisamente la que habrían infringido, aunque de diferente modo, tanto Biden como Trump además del exvicepresidente de este último, Mike Pence.
El escándalo arrancó con Trump -quien se negó a devolver decenas de documentos clasificados hasta que el FBI tuvo que intervenir en agosto pasado y hacer una búsqueda en su casa- y continuó cuando en enero se destapó que se habían encontrado documentos en casa de Biden, de la época en la que era vicepresidente de Obama.
Biden, al igual que Pence -en cuyo domicilio también se han encontrado documentos en los últimos días-, fue quien alertó de los hallazgos y colaboró desde el primer momento para esclarecer lo sucedido.
Pero el despropósito ha sido tal que los propios Archivos Nacionales tuvieron que enviar una carta a los representantes de los presidentes y vicepresidentes de las últimas seis administraciones –hasta Reagan- para pedirles que revisen entre sus pertenencias si hay más documentos confidenciales.
Más allá de la lucha partidista, el caso ha sacado a la luz diversos errores que pueden estar cometiéndose contra uno de los orgullos nacionales, la Historia de los Estados Unidos de América.
Y es que cada documento, por pequeño que sea, puede ser un testigo invaluable. Así se recuerda constantemente en el museo de los Archivos Nacionales, ubicado en la capital estadounidense.
En el interior de este imponente edificio de estilo griego con columnas corintias, construido en los años treinta, se encuentran expuestos los originales de la Declaración de Independencia, la Constitución y la Declaración de Derechos.
Pero también copias y originales de centenares de documentos. Desde una carta de emancipación de una familia de esclavos del distrito de Columbia fechada en 1862 hasta una misiva del presidente Franklin D.Roosevelt (1933-1945) al seleccionador de béisbol Kenesaw Mountain de 1942 pidiéndole que la liga de este deporte continuara pese a la guerra, para mantener alta la moral de la gente.
En otra sala del museo queda claro que los Archivos han sido importantes incluso para demostrar la culpabilidad de criminales de guerra, como sucedió en históricos casos como los juicios de Nuremberg, o para destapar escándalos como el Watergate.
“El Gobierno federal ha iniciado investigaciones –gracias a documentos- sobre desastres, asesinatos, disturbios civiles, fenómenos inexplicables y cargas sociales desconcertantes”, reza uno de los carteles del museo.
El centro cultural es la cara visible de la labor de los Archivos, pero la mayoría de los documentos, casi todos ya en formato digital, no se guardan allí sino en decenas de almacenes que Archivos Nacionales tiene por todo el país.
Así lo explica a EFE James R. Baron, que trabajó en los Archivos Nacionales durante trece años como director de litigios.
En su opinión, el personal de los Archivos Nacionales son “verdaderos héroes”, como demostraron en el caso Trump, pues no temieron “enfrentarse” al expresidente pese a “su negativa a entregar los registros presidenciales”, apunta a EFE.
Dejando el caso Trump al margen en todo momento, donde está bastante clara la intencionalidad, este experto y ahora profesor en la Facultad de Estudios de la Información de la Universidad de Maryland cree que el resto de casos pueden tratarse de errores fruto “de la clasificación excesiva de documentos gubernamentales” y de las prisas.
“Ocurren errores. El personal puede ponerlos en la carpeta equivocada, que luego se archiva con etiquetas marcadas como “personal”. Hay que recordar que los altos funcionarios y su personal están muy ocupados hasta el último día de una administración y que al final inevitablemente hay prisa por empacar y salir por la puerta”, añade Baron.
De hecho, el propio Biden culpó hace unos días a los empleados que se encargaron de recoger sus oficinas.
La idea de que lo ocurrido con Biden y con Pence es un error involuntario la comparte Matthew J. Connelly, profesor de historia internacional y global en Columbia, quien lleva tres décadas investigando el tema de los documentos clasificados.
Pese a que las reglas de cómo y dónde se puede acceder a los archivos clasificados están claras, “la realidad es que lo que realmente sucede a menudo es muy diferente”, explica a EFE días antes de publicar su libro “The declassification engine” (“El motor de la desclasificación”).
“La causa raíz de todo esto es que tantos documentos están clasificados (…) Es muy posible que cuando finalmente descubramos de qué se tratan estos documentos (los de Biden o Pence), podemos encontrar que realmente es un montón de nada”, recalca Connelly.
Así, no le sorprendería “si se encuentran más ejemplos como este”. “Cuando hablas con personas que trabajan para los Archivos Nacionales, pueden contarte tantas historias... Historias de funcionarios que de alguna manera terminaron con papeles y cómo lograron recuperar su custodia”.
(Con información de EFE)
