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Cuando los partidarios de Donald Trump lo imaginaron en el 2016 llevando su conocida frase televisiva –”¡Estás despedido!”– a Washington, probablemente no pensaron que se refería a funcionarios de ética e investigadores del gobierno acusados de erradicar actividades ilegales.
La destitución por parte del presidente de dichos funcionarios se ha vuelto tan descarada que incluso algunos de sus aliados en el Congreso están expresando preocupación.
Pero expresar preocupación no es suficiente. Los republicanos del Senado deberían unirse a los demócratas de la Cámara de Representantes para celebrar audiencias en la que se analice por qué el presidente despidió a cuatro inspectores generales en los últimos dos meses, sin avisar, como lo estipula una ley del 2008, con 30 días de anticipación al Congreso ni ofrecer una explicación por escrito.
En el caso más reciente, Trump despidió a Steve Linick, inspector general del Departamento de Estado que había trabajado dos décadas en el Departamento de Justicia. Trump dijo que nunca había oído hablar de Linick y que no tenía ninguna razón para despedirlo, excepto que el hombre a quien Linick investigaba, el secretario de Estado Mike Pompeo, se lo pidió.
Linick habría estado investigando la propiedad de un acuerdo saudita de armas que Pompeo había orquestado y si Pompeo había hecho mal uso de los recursos del Gobierno para fines privados, incluidas labores domésticas. Trump desestimó todo el asunto: “Prefiero tenerlo al teléfono con algún líder mundial que lavando los platos, porque tal vez su esposa no está allí o sus hijos no están allí”.
Quizás el presidente tenga razón en que todo es muy trivial. Investigar el asunto es precisamente para lo que contrataron a Linick.
El Congreso debería terminar el trabajo por sí solo. La Constitución confiere la supervisión del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, porque no se puede confiar a ninguna administración la supervisión de sí misma. Nunca esa necesidad ha sido más evidente.
Los republicanos perdieron la Cámara en el 2018 en parte debido a su falta de una supervisión adecuada. Si la ética no los insta a actuar ahora, la conveniencia política debería hacerlo.
Deben llevarse a cabo audiencias no solo por el caso de Linick, sino también por el despido durante abril de otros tres inspectores generales:
- El inspector general de la comunidad de inteligencia, Michael Atkinson, quien reveló de forma pertinente al Congreso una denuncia de irregularidades sobre el llamado de Trump al presidente ucraniano, que condujo al juicio político del presidente. Nuevamente, Trump no intentó ocultar su intención egoísta y dijo que Atkinson “tomó este terrible e inexacto informe y lo llevó al Congreso”.
- La inspectora general interina del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Christi Grimm, quien había escrito un informe –que Trump criticó públicamente– que revelaba una “grave escasez” de pruebas para el coronavirus y una “escasez generalizada” de equipos esenciales. Trump la acusó de ser un miembro con motivaciones políticas de la administración Obama. De hecho, ella es una funcionaria pública que había trabajado en la oficina del inspector general desde 1999.
- El inspector general interino del Departamento de Defensa, Glenn Fine, que había sido seleccionado por sus colegas de la comunidad de inspectores generales para supervisar la implementación del proyecto de ley inicial de alivio por el coronavirus de US$ 2,000 millones. Una vez más, Trump aludió al presidente Barack Obama y a “informes de parcialidad” no especificados. Fine había trabajado como inspector general durante 20 años.
El desprecio de Trump por la responsabilidad y el desacato de los estándares éticos básicos no son nuevos, pero este ataque a los inspectores generales no involucra solo al presidente. Despojar a las agencias federales de inspectores de mentalidad independiente escuda la falta de ética en todo el Gobierno Federal. Es un desastre de corrupción en ciernes.
Trump prácticamente ha desafiado a los republicanos en el Congreso a enfrentarse a él. Hasta ahora, solo unos pocos han expresado alguna preocupación seria, y mucho menos han pedido audiencias. Hasta que eso cambie, la administración Trump podrá escudarse de una supervisión adecuada, y las violaciones a la ética y los fraudes y abusos continuarán sin control.
El pueblo estadounidense –de todos los partidos– debería exigir algo mejor.