Funcionarios de la administración Trump han descrito a los hombres deportados a prisiones de El Salvador el mes pasado como “lo peor de lo peor”, sugiriendo que eran miembros de pandillas involucradas en asesinatos, violaciones y secuestros.
La realidad es que de 238 migrantes, en su mayoría venezolanos, que las autoridades acusaron de pertenecer a la banda del Tren de Aragua y expulsaron al país centroamericano a mediados de marzo, solo una pequeña fracción había sido acusada de delitos graves en Estados Unidos.
Cientos de páginas de registros legales de EE.UU. y declaraciones gubernamentales revisadas por Bloomberg News reflejan que cinco hombres habían sido acusados o condenados por delitos graves de agresión o transgresiones con armas de fuego. Tres hombres fueron acusados de delitos menores, incluyendo acoso y hurto menor. Otros dos fueron acusados de tráfico de personas.
Para el resto de los hombres, no había información disponible que mostrara que hubieran cometido algún delito aparte de infracciones de tráfico o violaciones de inmigración.
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Las conclusiones ponen en tela de juicio las afirmaciones de la administración Trump de que los migrantes enviados a El Salvador eran delincuentes violentos. EE.UU. sostiene que todos los venezolanos a bordo de los vuelos habían cometido un delito por estar en el país indocumentados, según declaró un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional en un correo electrónico. El funcionario añadió que muchos de los hombres que carecían de antecedentes estadounidenses eran, sin embargo, terroristas, violadores de derechos humanos o pandilleros.
Muchos de los hombres presuntamente asociados con el Tren de Aragua fueron deportados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que rara vez se utiliza, sin revisión judicial.
Pocos migrantes deportados a El Salvador tienen cargos en EE.UU.
Un juez de EE.UU. ordenó a la administración que se detuviera, pero el lunes, la Corte Suprema dijo que la administración podía reanudar las deportaciones en virtud de la ley si los migrantes habían recibido aviso y la oportunidad de argumentar su caso frente a un juez.
Reportes de medios en el Washington Post y otros lugares han puesto en duda la descripción que hace la Casa Blanca de los hombres como delincuentes, y los abogados han dicho que algunos individuos fueron identificados como miembros de pandillas únicamente con base en el tipo de ropa que llevaban o en los tatuajes que tenían.
Una investigación de CBS News halló que para tres cuartas partes de los hombres enviados a El Salvador no se encontró relación con antecedentes penales en EE.UU. o en el extranjero. Ahora, la revisión de Bloomberg de los casos judiciales de EE.UU. y las declaraciones del gobierno muestran que hay muy poca documentación que respalde la noción de que solo se enviaron a El Salvador delincuentes violentos.
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La administración reconoció ante la corte que no todos los hombres tienen antecedentes penales, pero dice que tan solo es una prueba más de la amenaza que representan.
“Demuestra que son terroristas de los que carecemos de un perfil completo”, dijo Robert Cerna, director interino de la oficina de campo de operaciones de cumplimiento y expulsión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en un expediente legal relativo a la batalla sobre las deportaciones.
Bloomberg obtuvo una lista de los pasajeros y examinó sus antecedentes penales revisando los registros de los tribunales federales, los informes de los medios de comunicación y las declaraciones públicas de los funcionarios gubernamentales. La búsqueda también incluyó expedientes de los tribunales estatales, aunque no todos los tribunales locales ponen los registros a disposición en línea. Hubo 13 casos judiciales que involucraban a personas con nombres similares a los de un deportado, pero no coincidían exactamente; esos no se incluyeron en el recuento final porque no se pudo confirmar una conexión.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este lunes que todos los integrantes de un nuevo grupo de personas deportadas al país centroamericano desde Estados Unidos, para que guarden prisión en una cárcel de máxima seguridad, son "asesinos" y "delincuentes de alto perfil". EFE/Gobierno de El Salvador
Las deportaciones están en el centro de un enfrentamiento legal de alto riesgo que está poniendo a prueba la capacidad de los jueces federales para hacer cumplir los límites del poder del presidente. En su postura del lunes, el tribunal no se pronunció sobre si la interpretación de la ley por parte de la administración era correcta, pero dijo que puede volver a utilizar la ley para intentar deportar a presuntos miembros de bandas venezolanas. La corte dijo que los detenidos deben ser notificados y tener la oportunidad de exponer su caso ante un juez antes de ser deportados.
Las deportaciones de EE.UU. a El Salvador han recibido una atención descomunal en parte debido a Kilmar Abrego García, un hombre de Maryland que, según reconocieron los funcionarios de inmigración, fue deportado por error. Era parte de otro grupo de deportados salvadoreños acusados de formar parte de una pandilla diferente, la MS-13.
La llegada de presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua al Centro de Reclusión del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, tras ser deportados de Estados Unidos. (Foto: OFICINA DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE EL SALVADOR / AFP).
Andrés Antillano, profesor de la Universidad Central de Venezuela en Caracas que estudia el crimen organizado, dice que es posible que algunas personas afiliadas al Tren de Aragua estén en EE.UU., pero que el pánico sobre una ola de crimen organizado es exagerado. Lo comparó con preocupaciones anteriores sobre inmigrantes que traen delincuencia, asemejándolo al sesgo antiitaliano en las décadas de 1940 y 1950 centrado en supuestos vínculos con la mafia, el sentimiento anticubano en medio de las guerras de la droga de Miami de la década de 1980 y, más recientemente, los estereotipos sobre centroamericanos involucrados con la MS-13.
“Las oleadas migratorias han generado mucha ansiedad y aparecen mitos”, dijo Antillano en una entrevista. La administración Trump está “criminalizando jóvenes venezolanos, mayormente de sectores populares”.
