El Gobierno del presidente Donald Trump inició conversaciones con Ruanda y Libia para explorar la posibilidad de enviar a esos países africanos a inmigrantes de otras naciones que tienen antecedentes penales y han sido detenidos en Estados Unidos, según medios estadounidenses.
La reciente propuesta estadounidense, que incluye una lista de nombres de posibles deportados a Ruanda, contó con un recibimiento «con entusiasmo» por parte del Gobierno de ese país africano, según un funcionario ruandés con conocimiento de la situación citado por The Washington Post.
La Administración Trump ha entablado también conversaciones con Libia sobre la posibilidad de enviar a migrantes con antecedentes penales.
Además, la Casa Blanca espera entablar negociaciones formales con Libia para alcanzar un acuerdo de tercer país seguro, que permitiría a Estados Unidos enviar a los solicitantes de asilo detenidos en la frontera estadounidense, según una fuente citada por el canal CNN.
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Países africanos, claves en la estrategia de Trump frente a los inmigrantes
Las conversaciones con los países africanos responden a la orden ejecutiva firmada por Trump en enero pasado para lograr acuerdos internacionales que permitan el envío a terceros países de solicitantes de asilo e inmigrantes con antecedentes criminales.
El Salvador, Costa Rica, Panamá y México hacen parte de las naciones que han aceptado recibir a inmigrantes que no son sus ciudadanos.
En ese sentido, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, subrayó este miércoles en una reunión del gabinete que la Administración Trump estaba «buscando activamente» países dispuestos a acoger a ciudadanos de terceros países.
«Estamos colaborando con otros países para decirles: ‘Queremos enviarles a algunos de los seres humanos más despreciables’», dijo Rubio, que calificó los acuerdos como «un favor» a EE.UU. «(cuanto) más lejos de Estados Unidos, mejor», añadió.
Los posibles acuerdos con los países africanos marcan una fuerte escalada en los esfuerzos de la Administración por cumplir su promesa de deportaciones masivas e impulsar su campaña de autodeportación.
A mediados de marzo el Gobierno de Trump envió a más de 200 inmigrantes a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, señalada por violaciones a los derechos humanos.
El Gobierno Trump se amparó en una antigua ley para expulsar al país centroamericano a los supuestos criminales sin derecho a una audiencia, lo que le ha valido varias demandas en tribunales federales.
