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Estados Unidos se está preparando para elevar su reclamo de que las políticas energéticas mexicanas que favorecen al Estado violan el tratado de libre comercio de las naciones, dijeron personas familiarizadas con el asunto, una medida que podría exacerbar las tensiones entre los Gobiernos de ambos países.
En las últimas semanas, la oficina de la representante de Comercio de EE.UU., Katherine Tai, ha estado trabajando en una solicitud de consultas formales en virtud del Tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC), y discutiéndola con otras agencias, según las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que no están autorizadas para hablar públicamente. La fecha de la solicitud aún no se ha determinado, señalaron las personas.
Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo que no se ha tomado una decisión sobre una solicitud de consulta. La oficina de prensa de la representante de Comercio declinó hacer comentarios.
En virtud de las normativas del T-MEC, dicha solicitud le daría a México hasta 30 días para aceptar programar consultas. Si después de 75 días no se llega a un acuerdo, EE.UU. podría solicitar que un panel formal escuche los argumentos de ambas naciones. Si bien ese proceso se enfoca en lograr que México acepte medidas correctivas, la prolongación de un conflicto puede, a la larga, llevar a que EE.UU. imponga aranceles punitivos a las importaciones provenientes de México incluidas en el pacto comercial que ya tiene dos años.
Si EE.UU. gana un caso del panel y México se niega a cambiar su tratamiento de la industria energética, EE.UU. podría idear estratégicamente aranceles de represalia para maximizar la presión política y económica, dijo Kenneth Smith Ramos, quien era jefe de la negociación técnica de México para el T-MEC en el 2018. Podría hacerlo apuntando a productos clave como aguacates, azúcar o productos específicos manufacturados, señaló.
“Estamos hablando de miles de millones de dólares” en bienes que podrían verse afectados, dijo Smith Ramos, ahora socio de la consultora AGON. “Esto podría ser extremadamente dañino para las exportaciones mexicanas. Enfrascarse con EE.UU. en una disputa comercial importante definitivamente sería negativo para la economía mexicana”.
Elevar los reclamos ahora podría molestar al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, antes de una visita planeada a Washington en las próximas semanas, tras el desaire que hizo a la invitación del presidente Joe Biden a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles este mes.
López Obrador, conocido popularmente como AMLO, proviene del estado petrolero de Tabasco y es un férreo defensor de las empresas nacionales de crudo y electricidad. La visita a la Casa Blanca se anunció hace dos semanas, el mismo día en que López Obrador dijo que no asistiría a la cumbre de Los Ángeles porque Cuba, Venezuela y Nicaragua fueron excluidos por motivos de democracia y derechos humanos.
La cooperación de México también es clave para abordar un aumento en la migración indocumentada que es una vulnerabilidad política para Biden de cara a las elecciones de mitad de período que se celebrarán en noviembre.
Durante mucho tiempo, López Obrador ha criticado una reforma promulgada bajo el mandato de su predecesor en 2013-2014 que puso fin a casi ocho décadas de nacionalización de la energía. Desde que asumió el poder a fines del 2018, ha trabajado para que la empresa estatal de petróleo y gas, Petróleos Mexicanos, conocida como Pemex, y la eléctrica CFE regresen a su antiguo esplendor mediante la adopción de políticas que perjudican a los participantes del sector privado en la industria.
El acuerdo comercial T-MEC, negociado principalmente por el Gobierno mexicano anterior, pero finalmente aceptado por López Obrador, apunta en parte proteger a los inversionistas privados contra una reversión de la apertura de la industria energética.
Tras reiteradas quejas de decenas de legisladores, Tai advirtió en marzo en una carta a su homóloga mexicana, la secretaria de Economía Tatiana Clouthier, sobre las preocupaciones de EE.UU. de que los cambios en la política energética de México –como modificaciones a la ley de electricidad para favorecer a las centrales eléctricas estatales sobre los productores privados– violan las obligaciones fundamentales del T-MEC.
Las empresas de energía de EE.UU. continúan enfrentando un trato arbitrario en México, y hay más de US$ 10,000 millones en inversión estadounidense en riesgo en la nación, gran parte de ello en energía renovable, señaló Tai.
Tai dijo luego que estaba evaluando todas las opciones disponibles en virtud del T-MEC para abordar las preocupaciones.
