El gobierno de Joe Biden se apresta a vender arrendamientos de petróleo y gas en tramos extensos de tierras públicas en el oeste de Estados Unidos, pese a la conclusión del Departamento del Interior de que hacerlo pudiera costarle a la sociedad miles de millones de dólares en impactos por el cambio climático.
Funcionarios anunciaron la semana pasada que los reguladores del gobierno analizarán por primera vez las emisiones de gases de invernadero generadas por la extracción de combustibles fósiles en tierras públicas en el país.
La quema de esos combustibles representa un 20% de las emisiones de gases de invernadero relacionadas con energía en Estados Unidos, lo que las hace un blanco principal de los activistas ecológicos que quieren que los arrendamientos sean suspendidos, y el presidente Biden prometió durante su campaña poner fin a los nuevos arrendamientos para exploraciones.
Pero los funcionarios del Buró de Administración de Tierras (BLM) del Departamento del Interior dijeron que por ahora puede hacer muy poco para prevenir los impactos del uso de combustible fósiles. Eso es en parte porque no pueden discernir el efecto de las emisiones de tierras públicas de los de otras fuentes, escribieron los funcionarios en documentos recién publicados.
La determinación se aplica a las ventas de arrendamientos de tierras planeadas para inicios del año próximo en Wyoming, Colorado, Montana, Utah, Nevada, Nuevo México y otros estados.
“BLM tiene una realidad limitada para prevenir significativa o mediblemente los impactos acumulativos del cambio climático que resultarían de emisiones globales”, escribieron funcionarios de la agencia en su propuesta sobre el arrendamiento en Montana.
Declaraciones similares fueron incluidas en documentos publicados por el gobierno para ventas en otros estados.
Los planes de arrendamientos siguen sujetos a cambio mientras el gobierno continúa analizando las emisiones de gases de invernadero y los efectos en las personas y el ambiente, dijeron funcionarios de la agencia el martes.