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Estados Unidos avanzó este miércoles en su disputa con México por la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar una queja formal bajo el Tratado comercial de Norteamérica (T-MEC) por considerar que perjudica a sus empresas.
Washington solicitó consultas para resolver disputas; un primer paso en un proceso que podría conducir a represalias, al estimar que México beneficia a la compañía eléctrica pública CFE y a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en detrimento de las empresas estadounidenses e impide el desarrollo de la energía limpia, según la oficina de la representante comercial estadounidense.
El gobierno mexicano libra una batalla por restaurar el control estatal sobre la generación de energía. Esta iniciativa ha generado un fuerte rechazo entre los gobiernos y empresas de Estados Unidos y Canadá (sus socios en el T-MEC) y España, tres de los países con mayores inversiones en el sector, junto con Italia y Japón.
El conflicto con Estados Unidos se lleva gestando 18 meses durante los cuales los funcionarios estadounidenses han reiterado que los cambios en las políticas energéticas de su vecino violan los compromisos asumidos por México al firmar el acuerdo comercial.
“Hemos intentado trabajar de forma constructiva con el gobierno mexicano para abordar estas preocupaciones, pero, desafortunadamente, las empresas estadounidenses continúan enfrentándose a un trato injusto en México”, afirma la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, en un comunicado.
“Estos cambios de política afectan a los intereses económicos de Estados Unidos en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia y de las empresas que buscan comprar energía limpia y fiable”, añade.
Los inversores y los ecologistas extranjeros acusan a López Obrador de favorecer los combustibles fósiles sobre las energías renovables.
Según Tai este trato arbitrario pone en riesgo US$ 10,000 millones en inversiones estadounidenses en México, especialmente en energía renovable.
La queja de este miércoles es la primera formal contra México bajo el T-MEC, el acuerdo que reemplazó el 1 de julio del 2020 al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) vigente que rigió desde 1994.
México dispone ahora de 30 días para iniciar consultas y si en un plazo de 75 días no llegan a un acuerdo, Estados Unidos podría solicitar la creación de un panel para que se pronuncie sobre el diferendo.
