La decisión de Donald Trump de designar a ocho grupos criminales de Latinoamérica como terroristas abre una serie de interrogantes, desde si es posible una intervención militar en los países de origen hasta la utilidad de esta medida contra el narcotráfico.
El decreto impacta especialmente en México, base de operación de seis de estas mafias -incluidos los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación- y por compartir una frontera de 3,100 km con Estados Unidos.
Los ocho más infames
El Departamento de Estado de Estados Unidos designó a ocho cárteles que operan en América Latina como organizaciones terroristas, luego de una orden ejecutiva del Presidente Donald Trump firmó durante su primer día en el cargo.
Las organizaciones están acusadas de representar una amenaza significativa para la seguridad nacional, la política exterior o la economía del país, según un aviso que se publicará en el Registro Federal.
Entre ellas se encuentran el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jaslisco Nueva Generación, los Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.
Los cárteles fueron designados en virtud de una orden ejecutiva firmada por el presidente George W. Bush tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Esa orden prevé la congelación de bienes asociados con los cárteles en EE.UU. y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con esas entidades.
A continuación, las respuestas a algunas cuestiones desde la perspectiva de expertos.
¿Qué dice el decreto?
La medida amplía las facultades de Washington para sancionar económicamente a líderes y cómplices de los cárteles, aduciendo que amenazan la seguridad estadounidense.
Pero estas persecuciones no son nuevas contra el narcotráfico. Un sinnúmero de personas y empresas engrosa continuamente la lista negra del principal consumidor de drogas del planeta.
El giro radica en la posibilidad de acciones militares y policiales que violen “la soberanía de México”, sostiene Steven Dudley, codirector y cofundador del centro de pensamiento Insight Crime.
Medios estadounidenses como The New York Times aseguran que el gobierno de Trump intensificó los vuelos secretos de drones sobre México para recabar información contra los cárteles.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que tales operaciones son parte de una colaboración binacional de “muchísimos años”.
Pero el alcance legal del decreto es “infinito” y “en manos de autoridades irresponsables” es “peligrosísimo”, advierte Dudley.
Como ejemplo, si la filial mexicana de una empresa estadounidense paga una extorsión a un cártel, la casa matriz podría ser acusada de “apoyo material” al terrorismo, un riesgo elevado entre economías altamente integradas, observa el investigador.
De hecho, Sheinbaum advirtió que si Trump rotulaba a los cárteles como terroristas, algo a lo que se opone por riesgo de “injerencismo”, ampliaría una demanda que México sigue contra armerías estadounidenses por posible complicidad con el terrorismo.
El decreto es un regreso “a esos momentos donde Estados Unidos, de manera unilateral, decide quién está actuando o no” contra el narcotráfico, afirma Cecilia Farfán-Méndez, analista del Instituto de Conflicto Global y Cooperación de la universidad de California.
¿Intervención militar?
En un país como México que perdió la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos en el siglo XIX, los amagos militares de su vecino generan resquemores.
La designación de los cárteles como terroristas “significa que son elegibles para ataques con aviones no tripulados”, escribió este miércoles el magnate Elon Musk, mano derecha de Trump, tras publicarse la lista de organizaciones.
Pero una intervención armada es improbable, si bien la volatilidad de Trump impide descartarla, sostienen los especialistas.
Preocupa que dicho escenario sea ahora una nueva arma de negociación del mandatario, que blande la espada de los aranceles contra varios países para obtener contraprestaciones.
“Esta noción (...) solía ser algo que se encontraba en un nicho, muy al margen, y ahora está en el centro de la discusión”, señala Farfán-Méndez.
Dudley recuerda que el estilo negociador de Trump es arrinconar a sus contrapartes. “El extremo es la invasión militar (...), entonces lo que busca es llegar a un punto intermedio”, dice.
En esa línea, la acusación sin pruebas de la Casa Blanca de que el gobierno mexicano mantiene una “alianza intolerable” con los cárteles supone un agresivo mecanismo de negociación para debilitar a su mayor socio comercial.
En todo caso, un ataque unilateral sería considerado por México como una “invasión (...) y cualquier cooperación policial que exista se detendría”, escribió en la revista Foreign Affairs Vanda Felbab-Brown, experta del Instituto Brookings, basado en Washington.
En coincidencia con la divulgación del listado de nuevos terroristas, el gobierno de Ecuador -duramente golpeado por la violencia del narcotráfico- anunció que solicitará a “países aliados” el envío de “fuerzas especiales” para apoyar su guerra antidrogas.
¿Detendrá el fentanilo?
Los expertos consultados ven improbable frenar el tráfico del opiáceo, vinculado a la muerte de decenas de miles de personas anualmente en Estados Unidos.
La potencia del fentanilo hace que tanto sus insumos como el producto final (pastillas) puedan trasladarse en cantidades minúsculas -difíciles de controlar en una extensa y muy transitada frontera-, pero altamente rentables.
“No necesitas un camión, un barco, un avión, necesitas seres humanos”, y los millones que cruzan diariamente hacen “imposible” controlar su contrabando, explica Dudley.
Farfán-Méndez añade que Trump excluye abordar el fentanilo como una crisis sanitaria.
“Esta designación no va a salvar más vidas. Requiere una política desde la salud pública”, dice.
¿Eliminará los cárteles?
Dudley duda de la posibilidad de eliminar a los cárteles mediante despliegues militares o acciones legales, pues son organizaciones “sofisticadas y muy dispersas”, capaces de recomponerse rápidamente.
“La falacia es hablar de cártel de Sinaloa como si fuera una cuestión monolítica”, apunta sobre la creciente atomización de las organizaciones criminales.
Con información de AFP, Bloomberg y EFE
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