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Estados Unidos acusó de nuevo a Cuba de “trata de personas”, días después de que un disidente cubano y varias ONG denunciaran ante la ONU por esclavitud a las llamadas “misiones internacionalistas” cubanas.
“#TrabajoForzado es trata de personas”, afirma en un tuit el jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas Brian Nichols. Días antes el secretario de Estado Antony Blinken ya citó a Cuba entre los países involucrados en la trata de personas.
“El régimen cubano retiene pasaportes, confisca salarios y restringe el movimiento de sus trabajadores en el extranjero. Debemos trabajar juntos para combatir la explotación laboral”, añade Nichols.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó el 26 de enero, también en un tuit, que las acusaciones estadounidenses “buscan empañar el esfuerzo solidario de la cooperación médica cubana, que salva vidas y cuyos méritos incuestionables reconoce la comunidad internacional”.
A finales de enero el disidente cubano José Daniel Ferrer y varias ONG presentaron una denuncia contra Cuba ante la ONU y ampliaron, con nuevas pruebas, la que interpusieron en el 2019 ante la Corte Penal Internacional (CPI) por esclavitud y trabajo forzado.
Cuba vende servicios a países terceros a través de las llamadas “misiones internacionalistas” que incluyen trabajos de marinos y actividades médicas, de salud, enseñanza, ingeniería, arte, música y arquitectura.
Desde al menos el 2005 son la principal fuente de ingresos del régimen comunista cubano en el extranjero: en el 2018 representaron entre el 40% y 50% de su balanza de pagos en el exterior, afirma Prisoners Defenders, una de las entidades denunciantes.
La ONG afirma que en el 2018 ascendieron a US$ 8,500 millones en todo el mundo y que entre 50,000 y 100,000 personas participan cada año en estas misiones. Las autoridades cubanas sostienen que alcanzaron los US$ 6,300 millones.
La ley de los ocho años
En virtud del código penal cubano, el empleado que cumple una misión en el extranjero se expone a una pena de privación de libertad de tres a ocho años si abandona su trabajo o si se niega a regresar una vez terminado o en el caso de que se le pida.
De los 1,111 casos recogidos en la denuncia, 894 son testimonios protegidos y 217 públicos. Todos ellos han sufrido la prohibición de los ocho años, pese a que una buena parte tenía o tiene hijos menores.
“Hoy en día, entre 5,000 y 10,000 padres cubanos no pueden ver a sus hijos durante ocho años debido a este procedimiento de ley en Cuba”, protesta Prisoners Defenders.
“Prohibiciones miles incluyendo espionaje de tus redes sociales, amigos, estilo de vida, comunicación con la familia y represión contra la familia al abandonar la misión”, afirma un testimonio citado por la ONG.
“Como pago por los estudios debíamos cumplir obligatoriamente estas misiones”, denuncia otro.
El caso de los cruceros es uno de los más llamativos. Los denunciantes aseguran que la compañía MSC Malta Seafarers Company Limited les contrata a través de un agente cubano, la empresa Selecmar.
En los documentos entregados por los profesionales que han testificado se indica que Selecmar se puede apropiar del 80% del salario base de los marineros cubanos.
En los barcos, según los testimonios recogidos por Prisoners Defenders, la empresa MSC Malta Seafarers retiene los pasaportes de estos trabajadores para evitar que “se escapen”.
Según los declarantes, MSC recibiría una multa de “US$ 10,000 por cada cubano que se escape”.
El salario base de estos trabajadores oscila entre US$ 77 y US$ 95 y Selecmar se queda con el 80% de él, se lee en los documentos contractuales con la empresa MSC entregados por las víctimas a Prisoners Defenders.
Según Prisoners Defenders, los contratos difieren según el sector y el país, pero tienen características comunes: limitaciones personales como la obligación de dar a luz en Cuba en caso de embarazo, una remuneración neta líquida del 15% de lo que los países pagan por ellos y una cláusula de regreso obligatorio a Cuba.
Además, añade el documento, deben ser firmados por funcionarios en nombre del ministerio del que depende la actividad, se exige subrogación a la ley cubana y muchos deben pagar honorarios al Partido Comunista.
Los denunciantes afirman haber ganado ya el procedimiento especial con 110 testimonios presentado en el 2019 ante la ONU.