El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su círculo cercano incrementaron este miércoles la presión para destituir al magistrado James Boasberg, que ordenó detener deportaciones de extranjeros sin vistas judiciales previas, después de que un congresista republicano iniciara el proceso legislativo para tratar de cesarlo.
“¡Si un Presidente no tiene el derecho de expulsar a asesinos y otros criminales de nuestro país porque un juez lunático de izquierda radical quiere asumir el papel de presidente, entonces nuestro país está en un gran problema y destinado al fracaso!”, escribió Trump en su red social, Truth Social, tras haber pedido la destitución de Boasberg en otra publicación unas horas antes.
El martes el congresista republicano Brandon Gill presentó artículos de destitución en la Cámara de Representantes para iniciar el proceso.
En caso de que ese primer paso sea validado por dicho hemiciclo, las perspectivas de éxito para un intento de destitución de Boasberg son inexistentes según los expertos, puesto que el cese solo se volvería efectivo si dos tercios del Senado refrendan lo aprobado por la Cámara Baja, lo que requeriría el apoyo de hasta 14 senadores demócratas.
En todo caso, figuras cercanas a Trump, como su subjefe de Gabinete, Steven Miller, o la congresista republicana Lauren Boebert han hecho llamamientos en las últimas horas en redes sociales exigiendo que se destituya a Boasberg, al que acusan de “activista” o de ser un juez “no electo” que “está robando el voto y la voz del pueblo estadounidense”.
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La campaña encabezada por Trump llevó el martes al presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el conservador John Roberts, a reprender estos llamamientos y a recordar que el circuito de apelaciones es el recurso deseable cuando se está en desacuerdo con un fallo judicial.
El sábado, Boasberg emitió una orden para bloquear las deportaciones amparadas por la invocación que horas antes hizo Trump de la ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que no se ha usado desde la Segunda Guerra Mundial y que permite la expulsión de extranjeros sin vista judicial previa.
Trump argumentó que Estados Unidos estaba sufriendo una “invasión” de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, aunque no presentó pruebas, y, pese a la orden judicial, el Gobierno estadounidense envió a más de 200 venezolanos a El Salvador, que se ofreció a encarcelarlos.
Uno de los abogados que representan a cinco de los venezolanos deportados a El Salvador ha advertido sobre la “crisis constitucional” que plantea el caso.
Mientras, el Gobierno de Trump insiste en condenar públicamente a jueces -los republicanos han activado en total cuatro procesos de destitución- que bloquean las medidas del Ejecutivo, cuestionando la separación de poderes en Estados Unidos.
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