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Por Jonathan Bernstein
El Senado tiene tres opciones sobre cómo organizar el segundo juicio político de Donald Trump. Dos de estas tienen sentido.
Greg Sargent, del diario The Washington Post, expone su argumento para uno de los planes más apropiados: comenzar el juicio político en un comité. Como explica Sargent, eso permitiría presentar la evidencia en profundidad y consignarla en el registro público —y no se amenazaría la capacidad de operación de todo el Senado. Recordemos que no se trata solo de los eventos del 6 de enero.
El artículo del juicio político cubre todo el esquema de Trump para socavar resultados electorales legítimos, que finalmente incluye la incitación a la insurrección. Algunos de los detalles se han popularizado, como la llamada de Trump al secretario de Estado de Georgia en la que le pedía que “encontrara” votos.
Otros detalles apenas están saliendo a la luz. Algunos de los actores clave no han dicho nada oficialmente, y ciertamente no bajo juramento.
¿La segunda buena opción? El Senado podría hacer lo que hizo en el juicio político de Bill Clinton. En aquel entonces, el Senado tomó declaraciones de testigos, y luego directores de la Cámara y los abogados de Clinton pudieron reproducir extractos de video durante el juicio.
Un comité totalmente transparente sería mejor, pero al menos el Senado en este escenario podría hacer la investigación necesaria fuera del entorno formal del juicio.
La peor opción, infortunadamente, parece ser la que está en curso. Es decir, el apuro hacia un juicio que no cuenta con un nuevo proceso de investigación y hace muy poco para ilustrar cómo ocurrió realmente el ataque al Capitolio.
En efecto, 45 republicanos ya han indicado oficialmente que Trump no puede ser acusado en un juicio político después de haber dejado el cargo. Esto hace que una condena sea poco probable. Pero justamente esto es una razón más para crear un registro público con un nivel razonable de detalle que demuestre exactamente lo que Trump hizo mal.
Después de todo, no urge realmente completar este proceso, siempre que los procedimientos se puedan organizar para que no interfieran con otros asuntos importantes del Congreso. Y no deberían. La Constitución es clara en que ambas cámaras crean sus propias reglas.
Dado que el tema del juicio político tiene que ver en gran parte con el rol del expresidente en la incitación al ataque a las cámaras, es apropiado que creen procesos que cumplan con sus intereses, y con los intereses de Estados Unidos.
El Senado debería bajar un poco el ritmo y hacer las cosas bien.