El retroceso más notable en los estados republicanos es permitir que las autoridades locales obliguen a usar la mascarilla, una concesión que ciudades como Phoenix, Arizona y Little Rock, Arkansas, se apresuraron a aprovechar, pero que se considera insuficiente para contener los brotes. (AFP)
El retroceso más notable en los estados republicanos es permitir que las autoridades locales obliguen a usar la mascarilla, una concesión que ciudades como Phoenix, Arizona y Little Rock, Arkansas, se apresuraron a aprovechar, pero que se considera insuficiente para contener los brotes. (AFP)

Cuando Texas empezó a mitigar las restricciones del coronavirus, el gobernador Greg Abbott no usaba mascarilla. Prohibió a los alcaldes tomar precauciones adicionales durante una de las reaperturas más rápidas de Estados Unidos.

Dijo que la Casa Blanca respaldaba su plan y que la gente podía salir de sus casas con seguridad. Dos meses después, la oleada de contagios lo ha obligado a dar marcha atrás.

Esto no está limitado a Texas, donde Abbott frenó bruscamente la mitigación y exhorta a la gente a quedarse en casa. En Arizona, el gobernador Doug Ducey declaró al estado “en pausa” en momentos en que se agota rápidamente la capacidad de los hospitales.

A medida que la oleada de infecciones supera diariamente los récords de casos confirmados y hospitalizaciones en el sur y el oeste de Estados Unidos, los gobernadores están aprobando medidas que antes habían rechazado y su tono de voz se vuelve más perentorio.

Los detractores dicen que las medidas son insuficientes, o peor aún, llegan con retraso a medida que se agotan las camas de cuidados intensivos y Estados Unidos está al borde de batir el récord de casos diarios.

Y los gobernadores no son precisamente inflexibles. El de Florida, Ron DeSantis, que hasta hace poco rara vez aparecía con mascarilla, ha dicho que no dará la orden de usarlas en todo el estado ni demorará la reapertura. Abbott dice que volver a cerrar la economía de Texas es un último recurso.

La crisis creciente pone a prueba a los gobernadores —muchos de ellos republicanos que aceleraron la reapertura antes que el resto del país— al aumentar las presiones de sus ciudades más grandes, expertos en salud e incluso cámaras empresarias aliadas.

Cualquier retroceso podría colocarlos en oposición al presidente Donald Trump, que ha tratado de hacer caso omiso del virus y regresar a la campaña electoral, negándose a usar la mascarilla en público.

El retroceso más notable en los estados republicanos es permitir que las autoridades locales obliguen a usar la mascarilla, una concesión que ciudades como Phoenix, Arizona y Little Rock, Arkansas, se apresuraron a aprovechar, pero que se considera insuficiente para contener los brotes.

En Arizona, Ducey resistió las presiones de cerrar los restaurantes cuando comenzó a propagarse el virus en marzo porque su estado, dijo, no experimentaba un contagio explosivo como Nueva York. Los alcaldes demócratas de Phoenix, Tucson, Flagstaff y otras ciudades decretaron sus propias restricciones.

El gobernador respondió con un decreto que cerraba los restaurantes en condados con grandes brotes, pero declaraba “esenciales” los campos de golf y otros negocios que no se podían cerrar.

La semana pasada, la rápida extensión del brote lo obligó a dar marcha atrás y autorizar a los gobiernos locales a aprobar el uso obligatorio de la mascarilla. Las cifras “siguen avanzando en la dirección equivocada”, dijo Ducey el jueves.

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