La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, rechazó el miércoles una orden del presidente estadounidense Donald Trump de bloquear el pago de US$ 2,000 millones destinados a organizaciones de ayuda internacional por trabajos ya realizados para el Gobierno.
En su primer fallo contrario a una medida de Trump, la corte votó 5 a 4 para confirmar la sentencia de un tribunal inferior que exige a la administración realizar los pagos contemplados en los contratos en vigor.
El fallo supone un revés para Trump, quien, desde que volvió al poder el 20 de enero, ha tomado medidas para frenar proyectos humanitarios estadounidenses en todo el mundo, llegando incluso a desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
La Corte Suprema decidió mantener la decisión del juez del Distrito de Columbia, Amir Ali, quien ordenó a la Administración liberar de inmediato los fondos para organizaciones que se habían beneficiado de subvenciones de la USAID o del Departamento de Estado.
La orden de Ali había dado originalmente a la Administración hasta el 26 de febrero para desembolsar los fondos, que ascienden a casi US$ 2,000 millones.
El mismo 26 de febrero, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, suspendió temporalmente la orden horas antes de la fecha límite para que el alto tribunal tuviera más tiempo de considerar la petición formal de la Administración de bloquear el fallo de Ali. Finalmente, este miércoles emitió su veredicto.
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Detalles del fallo
No obstante, el caso aún no ha concluido. La magistrados de la corte han pedido al juez federal Ali que aclare qué obligaciones tiene el Ejecutivo de Trump para ejecutar su fallo: “debe aclarar qué obligaciones debe cumplir el gobierno”. Los siguientes pasos se decidirán en una audiencia judicial que Ali tiene prevista para el jueves.
Los magistrados conservadores John Roberts, presidente de la Corte Suprema, y Amy Coney Barrett, designada por Trump, votaron a favor de la medida junto a los tres jueces liberales de la sala.
Fotografía de un exempleado de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) saliendo del edificio Ronald Reagan este viernes, en Washington (Estados Unidos). El letrero y los logos de las oficinas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) en Washington fueron retirados después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenara su desmantelamiento. EFE/ Esteban Capdepon
El magistrado Samuel Alito argumentó en su escrito de disconformidad, apoyado por los otros tres miembros conservadores de la sala que votaron en contra de la medida: “¿Tiene un solo juez de un tribunal de distrito, que probablemente carece de jurisdicción, el poder de obligar al gobierno de Estados Unidos a pagar (y probablemente perder para siempre) US$ 2,000 millones de los contribuyentes?”.
“La respuesta a esa pregunta debería ser un rotundo ‘No’, pero la mayoría de esta corte aparentemente piensa lo contrario. Estoy estupefacto”, aseveró.
El juez Amir Ali, designado por el expresidente demócrata Joe Biden, dictaminó el mes pasado la prohibición de “suspender, pausar o impedir de otro modo” los fondos de ayuda exterior.
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Trump-Musk contra USAID
Trump está empecinado en recortar el gasto del gobierno federal con la ayuda del hombre más rico del mundo y a la par el mayor donante de su campaña presidencial, Elon Musk.
Y uno de sus objetivos es cercenar las ayudas de la USAID, que cuenta con programas sanitarios y de emergencia en unos 120 países.
Trump ha dicho que esta agencia está “dirigida por lunáticos radicales”. Mientras que su nueva mano derecha la ha calificado como “organización criminal”.
Trump, que llegó a la Casa Blanca con la promesa de poner a “Estados Unidos primero”, ordenó en su primer día en el poder, el 20 de enero, suspender durante 90 días toda la ayuda exterior, lo que ha impedido la provisión de atención médica vital en muchas partes del mundo.
Muchas organizaciones humanitarias consideran que Trump está excediendo su autoridad bajo la Constitución, ya que es el Congreso quien tiene el poder de decidir sobre los fondos, no el presidente.
Con información de EFE y AFP
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