:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/SRUMPHZB2NBPBJ2KTL642GKWWM.jpg)
Únete al canal de GestiónCada vez más empresas de Estados Unidos consideran volver obligatoria la inmunización para sus empleados e incluso para clientes, tras la plena aprobación de la vacuna antiCOIVD Pfizer-BioNTech esta semana por la agencia de medicamentos estadounidense.
CVS Health, Chevron, Disney y Goldman Sachs son algunas de las compañías que han informado a sus trabajadores que la inoculación ya no será opcional, y exigirán una prueba de vacunación.
La decisión ha desatado críticas en redes sociales de usuarios que estiman que esta obligación viola las libertades individuales, muy valoradas por la mayoría de los estadounidenses.
Un legislador republicano de Florida, Anthony Sabatini, incluso firmó una iniciativa para impedir que el cirujano general del Estado (vocero del gobierno en materia de salud pública) exija la inmunización.
Pero hasta ahora, ante el aumento de infecciones y hospitalizaciones relacionado con la variante Delta del COVID-19, altamente contagiosa, ninguna figura pública ha señalado directamente a las empresas estadounidenses.
“Creo que la ausencia de crítica se debe a que la mayoría (de las compañías) actuó responsablemente al lidiar con la pandemia”, dijo Mark Hass, profesor de Marketing en la universidad estatal de Arizona, citando como ejemplo el aumento del teletrabajo.
Lo importante “es hacer lo correcto para nuestros empleados, más que preocuparse acerca de nuestra reputación”, agregó.
“Hagan lo que hice”
En junio, el gigante bancario Morgan Stanley y el gestor de activos BlackRock anunciaron que los empleados que desearan volver a las oficinas tendrían que estar vacunados.
Desde entonces, otras grandes empresas han dado el paso. Google, Facebook y Uber se subieron al tren.
Y la aprobación completa de la vacuna por parte de la agencia de alimentos y medicamentos de Estados Unidos (FDA) parece menoscabar los argumentos de los más escépticos.
“Hagan lo que hice el mes pasado: exijan a sus empleados vacunarse o enfrentar estrictos requisitos”, dijo el presidente Joe Biden el lunes. A finales de julio, el mandatario ofreció a los empleados federales la opción de mostrar una prueba de inmunización o someterse a pruebas recurrentes.
Sin embargo, algunos importantes grupos aún no ceden.
American Airlines “recomienda fuertemente” a sus empleados vacunarse, pero no lo exige. La aerolínea ofrece un día libre y US$ 50 a quienes aceptan la recomendación.
El martes, su rival Delta Air Lines anunció que cobraría a los trabajadores sin vacunar US$ 200 extra de seguro médico mensual, para compensar “el riesgo financiero” que crea para la empresa “la decisión de no vacunarse”, según el director general Ed Bastian.
Entre los mayores empleadores del país, Amazon, Home Depot, FedEx, UPS y Target aún no vuelven obligatoria la vacunación contra el COVID-19. Walmart pidió inocularse el suero a los trabajadores de su cuartel general, pero no a quienes se desempeñan en tiendas y almacenes.
Riesgo legal limitado
Los expertos concuerdan en buena medida en que las empresas que imponen la vacunación enfrentan un riesgo legal limitado, incluso si llegan a despedir empleados.
En mayo, la Agencia Federal para el Cumplimiento de las Leyes Contra la Discriminación en el Lugar de Trabajo (EEOC en inglés) aseguró que requerir una prueba de vacunación a los trabajadores no viola las leyes laborales estadounidenses.
En junio, un juez federal de Houston desestimó una demanda de empleados del hospital metodista de la ciudad que rechazaban la exigencia de la vacuna en la institución, lo que pareció sentar un precedente.
Y en agosto, la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos Amy Coney Barrett se negó a bloquear un plan de la Universidad de Indiana para obligar a los estudiantes y empleados a vacunarse.
“A principios de julio, estábamos bastante seguros de que las políticas de vacunación obligatoria eran legales, siempre y cuando se realizaran las excepciones necesarias para empleados con condiciones médicas o creencias religiosas” que lo impidan, explicó Mark Goldstein, socio en Reed Smith LLP en Nueva York, especializado en derecho laboral.
“Estoy seguro de que surgirán algunas impugnaciones, pero los tribunales y el gobierno no parecen receptivos”, señaló. “Creo que (las apelaciones) se acabarán rápidamente. Dudo fuertemente de que alguno de esos casos llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos”.
