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El gobierno del presidente Joe Biden anuló una ley de la administración de Donald Trump que habría facilitado clasificar como contratistas independientes a personas que trabajan para empresas que ofrecen servicios de transporte y entregas a través de aplicaciones digitales en Estados Unidos.
El Departamento de Trabajo tomó la decisión dos días antes de que entrara en vigor dicha ley, la cual era respaldada por las empresas de apps. La medida significa que dicha agencia se seguirá basando en la Ley de Normas Justas de Trabajo que data de 1938 para determinar si un empleado debe ser clasificado como contratista independiente.
Bajo el sistema actual, las empresas que operan a través de apps como Uber, Lyft, DoorDash e Instacart ya han podido clasificar su fuerza laboral como contratistas independientes. Estas compañías elogiaron la norma del gobierno de Trump, argumentando que la ley de 1938 era obsoleta y no ofrecía la flexibilidad necesaria.
La norma anulada habría identificado dos “factores clave” para determinar si un trabajador era empleado o contratista independiente: el nivel de control sobre el trabajo y las oportunidades de ingresos según la iniciativa o inversión. El Departamento de Trabajo indicó que la norma “reducía los hechos y consideraciones”, y socavaba las protecciones de los empleados, según la ley.
Aquellos que trabajan para empresas que ofrecen servicios a través de apps no están protegidos por las leyes de salario mínimo y por lo general tampoco reciben otras prestaciones, como seguro médico o días de ausencia por enfermedad pagados.
Estas empresas aseveran que sus modelos de negocios son populares entre las personas que prefieren la flexibilidad de trabajar a través de apps, y que incluye poder determinar sus propios horarios.
En noviembre, los votantes de California rechazaron una medida que habría clasificado a los conductores de servicios de transporte y entrega basados en app como empleados elegibles para recibir salario mínimo y otros beneficios.
En un comunicado, Uber reiteró su postura de que las actuales regulaciones laborales son obsoletas e imponen “una opción binaria sobre los trabajadores: o ser un empleado con más beneficios, pero menos flexibilidad, o ser un contratista independiente con más flexibilidad, pero beneficios limitados”.
