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Autoridades locales y estatales de Estados Unidos, que han demandado a empresas de la industria farmacéutica por su papel en la crisis de los opiáceos, están reclamando más de US$ 26,000 millones para cerrar el caso con un acuerdo, según informó The Wall Street Journal (WSJ).
En las actuales negociaciones, según el diario, participan las empresas McKesson, AmerisourceBergen y Cardinal Health, que juntas distribuyen la mayor parte de los medicamentos que se venden en el país, así como la multinacional Johnson & Johnson, cuyo negocio incluye la producción de algunos opiáceos.
En total, más de 3,000 Gobiernos locales, estados y tribus nativas han demandado a compañías del ámbito farmacéutico por su supuesto papel en la crisis de los opiáceos que golpea al país desde hace años.
Algunas empresas, entre ellas Johnson & Johnson, han sido condenadas ya a pagar importantes compensaciones en distintos procesos, mientras que otras han pactado con las autoridades, pero la mayor parte de los casos siguen aún abiertos.
Purdue Pharma, el fabricante del medicamento Oxycontin -considerado uno de los grandes desencadenantes de la crisis-, decidió el año pasado declararse en bancarrota como consecuencia de los litigios.
Las actuales negociaciones, según el Journal, se desarrollan desde hace alrededor de un año, pero se frenaron con la pandemia del coronavirus, sobre todo después del retraso de un juicio previsto para marzo en Nueva York, que ponía presión sobre las partes para tratar de llegar a un acuerdo cuanto antes.
Esa presión está aumentando ahora nuevamente, con la vista puesta en varios juicios que se aproximan, entre ellos uno en Ohio y otro en Virginia Occidental previstos para octubre.
El periódico, que cita a fuentes conocedoras de las discusiones, asegura que este lunes los fiscales generales de varios estados mantuvieron una llamada con las empresas en la que reclamaron para llegar a un pacto unos US$ 21,140 millones conjuntos a McKesson, AmerisourceBergen y Cardinal y otros US$ 5,280 millones a Johnson & Johnson.
La mayor parte de ese dinero se destinaría a combatir los efectos de la crisis de los opiáceos, productos altamente adictivos y que cada año cuestan la vida a miles de personas en Estados Unidos.
Según cifras de las autoridades, al menos 400,000 personas han muerto en el país desde 1999 por sobredosis con opiáceos legales e ilegales.