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Por Cass R. Sunstein
A raíz de la incitación por parte del presidente Donald Trump a asaltar el Capitolio, surge una nueva discusión sobre las dos vías para destituir a un presidente en funciones. La primera es el juicio político. La segunda es la 25ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
No hay duda de que la conducta de Trump fue un “delito grave y un delito menor”, que son impugnables. La aplicabilidad de la 25ª Enmienda no es tan obvia.
Los dos motivos de destitución son radicalmente diferentes. El juicio político es por abuso flagrante de los poderes del cargo. La 25ª Enmienda está relacionada a algún tipo de discapacidad que incapacite a un presidente para cumplir sus funciones.
Para los propósitos actuales, la disposición clave es la cuarta sección:
Siempre que el vicepresidente y la mayoría de los funcionarios principales de los departamentos del Ejecutivo, o de otro órgano como el Congreso, según lo disponga la ley, transmitan al presidente pro témpore del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes su declaración escrita de que el presidente está incapacitado para desempeñar las facultades y obligaciones de su cargo, el vicepresidente asumirá inmediatamente las facultades y obligaciones de dicho cargo como presidente interino.
Una vez transmitida esta declaración, el único recurso del presidente es presentar su propia declaración, diciendo que sí puede desempeñar el cargo. En ese momento, el vicepresidente y la mayoría de los funcionarios principales de los departamentos del Ejecutivo (esencialmente el gabinete) pueden estar en desacuerdo. Si es así, el Congreso deberá pronunciarse.
La 25ª Enmienda es clara acerca del proceso. Es menos clara sobre la norma jurídica. ¿Qué significa decir que un presidente “es incapaz de cumplir con las facultades y obligaciones de su cargo”? ¿Trump es incapaz de hacerlo?
La respuesta corta es que los actos horribles e incluso impugnables no justifican necesariamente la destitución bajo la 25ª Enmienda, cuyo enfoque está en la discapacidad física o mental.
Para cualquier presidente, incluido Trump, la pregunta se refiere a los hechos: ¿podrían el vicepresidente y el gabinete encontrar razonablemente que el presidente está tan gravemente discapacitado que ya no puede desempeñar su función constitucional?
Durante la mayor parte de la presidencia de Trump, la respuesta ha sido claramente no, lo que sea que piense sobre su desempeño. ¿Son las cosas diferentes hoy?
El origen de la 25ª Enmienda ofrece útiles directrices. Durante los debates del Congreso sobre la disposición a mediados de la década de 1960, que fue ratificada en 1967, muchos miembros centraron su atención en tres casos: la prolongada permanencia del presidente James Garfield en el lecho de muerte en 1881, la presidencia de Woodrow Wilson a partir de 1919 después de un derrame cerebral y varios casos en los que el presidente Dwight Eisenhower, que padecía problemas cardíacos, accedió a transferir el poder al vicepresidente Richard Nixon.
Los dos primeros casos desempeñaron el papel más importante en los debates legislativos, y la discusión demostró un claro enfoque del Congreso en la disminución de la capacidad cognitiva. Garfield y Wilson enfrentaron terribles aflicciones físicas, pero los legisladores estaban especialmente interesados en los efectos adversos sobre la capacidad cognitiva.
La senadora Birch Bayh de Indiana —patrocinadora de la resolución del Senado que finalmente se convirtió en la 25ª Enmienda—, señaló que “la capacidad para realizar el trabajo sería la principal evidencia que determinaría si un presidente está discapacitado o no”.
Es importante destacar que Bayh se estaba enfocando en la incapacidad cognitiva. Los partidarios de una versión anterior de la 25ª Enmienda enfatizaron lo mismo, apuntado a una posible función de asesoramiento para los psiquiatras.
Dado el texto, está claro que el vicepresidente y el gabinete no pueden destituir a un presidente porque aborrecen sus decisiones, porque tiene un temperamento terrible, porque está de mal humor, porque va (o no) a la guerra, o porque es imposible tratar con él. En lenguaje común, podrían decir y creer que es “incapaz” de cumplir con sus funciones constitucionales, pero de eso no se trata la enmienda.
Aun así, podríamos imaginar casos de depresión aguda, ansiedad paralizante, angustia o un colapso emocional grave, que también resultaría debilitante, incluso si el presidente no es literalmente incapaz de tomar decisiones. El debilitamiento podría tomar la forma de un comportamiento muy errático, lo que podría mostrar que el presidente es “incapaz” de cumplir sus funciones en el sentido de la 25ª Enmienda.
Volvamos a Trump en este contexto. En las últimas semanas, su comportamiento ha sido más que extremadamente errático. En repetidas ocasiones ha mentido sobre hechos relacionados con las elecciones y, de alguna manera, ha parecido perder contacto con la realidad. No ha podido manejar la crisis del COVID-19 y ha estado obsesionado con mantener el poder. ¿Sufre algún impedimento, aunque sea temporal, que le impida cumplir sus funciones?
Esa es la cuestión constitucional. Es en gran parte un hecho, que no será resuelto fácilmente por personas ajenas. El vicepresidente y el gabinete tienen autoridad para responder. Sobre la base de lo que sucedió ayer, ya no está claro que la respuesta sea “no”.