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Por Noah Feldman
El presidente Donald Trump está presionando al fiscal general William Barr para que anuncie los resultados de la investigación en curso sobre Rusia, lo cual violaría las pautas del Departamento de Justicia diseñadas para evitar que el Departamento influya en las elecciones.
Por supuesto, influir en las elecciones es exactamente lo que Trump quiere que haga Barr. Trump está utilizando una vez más el poder único de la presidencia para obtener una ventaja injusta en las elecciones del 2020.
El patrón ya es inquietantemente familiar. Es el mismo impulso evidente cuando Trump socavó al Servicio Postal de EE.UU. en el momento en que se enfrenta a la responsabilidad de manejar un aumento de las votaciones por correo. Y es idéntico a la conducta por la que Trump fue acusado por la Cámara de Representantes.
Aunque pueda parecer hace eones, fue solo en diciembre pasado cuando Trump fue acusado por abusar del poder de la presidencia para distorsionar las elecciones de 2020 perjudicando la candidatura de Joe Biden. Ese era, determinó la Cámara, el propósito de la llamada de Trump al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.
Y en el juicio al Senado de Trump, que terminó cuando los republicanos declinaron sacarlo de su cargo, los partidarios del presidente casi admitieron el patrón. Como recordarán, sus defensa principal no era que el presidente no hubiera utilizado su cargo para tratar de obtener una ventaja, sino que incluso si lo hubiera hecho, el abuso de poder no contaba como un delito sujeto a juicio político.
El último asunto de Barr es un abuso del poder presidencial tan explícito como se pueda imaginar. Las antiguas pautas del Departamento de Justicia emitidas bajo la autoridad del fiscal general dicen explícitamente que “la política no debe desempeñar ningún papel en las decisiones de los investigadores federales o los fiscales con respecto a ninguna investigación o cargos penales”.
Las pautas se implementan a través de una norma según la cual el Departamento no debe divulgar información sobre investigaciones políticamente delicadas en los 60 días previos a una elección. Esta norma es quizás más famosa por haber sido violada por James Comey en el 2016, cuando tomó la desacertada decisión de anunciar la reapertura de la investigación por los correos electrónicos de Hillary Clinton.
En una entrevista la semana pasada, Trump ordenó a Barr ignorar la regla y le dijo a María Bartiromo que “Bill Barr tiene la oportunidad de ser el mejor de todos los tiempos, pero si quiere ser políticamente correcto, será solo otro hombre, porque él sabe todas las respuestas”. Su punto obvio era que si Barr seguía las pautas, eso sería “políticamente correcto”, es decir, malo; pero que si Barr ignora las pautas, eso lo haría grande, al menos a los ojos de Trump.
Luego, Trump dejó en claro que quería que Barr rompiera las pautas para obtener una ventaja sobre Biden: “Él sabe lo que tienen”, dijo el presidente, “y va directo a Obama y va directo a Biden”.
Barr ha dicho que no “hará nada inapropiado” antes de las elecciones. Pero también insinuó que no aplicará las pautas del Departamento de Justicia a la investigación.
De todos modos, el punto es que Trump está utilizando la presidencia para obtener una ventaja electoral sobre Biden que no podría obtener si no fuera el presidente.
El debilitamiento del Servicio Postal de Estados Unidos también se ajusta perfectamente al patrón. No es solo que el director general de correos designado por Trump esté reduciendo el personal y desacelerando la entrega de correo precisamente en el momento en que se necesitará más personal para manejar los votos por correo en estas elecciones en pandemia.
Mucho peor, la oficina de correos envió un aviso oficial a 46 estados y al Distrito de Columbia de que no podía garantizar que las papeletas enviadas por correo llegaran a tiempo para ser contadas. El propósito de estas cartas era socavar la confianza en el proceso electoral por correo, que se cree que podría ayudar a Biden más que a Trump. Y ni siquiera me hagan hablar de los tuits relacionados con la oficina de correos de Trump.
La oficina de correos es parte del poder ejecutivo. Una vez más, el presidente está utilizando las herramientas de su cargo para tratar de obtener una ventaja electoral injusta en su contienda contra Biden. Esa es la definición clásica de un abuso de poder destinado a socavar una elección libre y justa.
A riesgo de repetir lo que ya debería sonar familiar, los redactores de la Constitución estaban muy preocupados por el peligro de que el presidente abusase de los poderes de su cargo para tratar de distorsionar los resultados electorales. Estaban tan preocupados por la posibilidad de que el presidente “no escatimara esfuerzos ni medios para reelegirse”, que incluyeron un juicio político en la Constitución para abordar el riesgo.
El hecho de que Trump no fuera destituido de su cargo después de su juicio en el Senado no debería distraernos de la realidad de que ha vuelto a sus viejos trucos.
En lo que a él respecta, el juicio en el Senado confirmó que tiene todo el derecho de usar su poder presidencial para deformar la democracia electoral. La única solución ahora es superar su ventaja injusta con números superiores en las urnas y sacarlo del cargo.