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Texas y otros seis estados estadounidenses demandaron ante la justicia el fin del programa DACA - que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes indocumentados - luego que tres jueces federales bloquearan la decisión del presidente Donald Trump de eliminarlo.
La demanda fue introducida el martes por el fiscal general de Texas bajo el argumento de que es inconstitucional este programa creado en el 2012 por Barack Obama y que beneficia a unos 700 "dreamers", los inmigrantes que llegaron de niños al país y regularizaron su situación a través de DACA.
"Nuestra coalición exhorta a la corte del distrito sur de Texas que declare DACA inconstitucional y detenga al gobierno federal de emitir y renovar cualquier permiso DACA en el futuro", indicó el fiscal Ken Paxton en un comunicado.
Además de Texas, los fiscales de Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental, todos republicanos, se unieron a la demanda.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que no está aceptando nuevas aplicaciones, en el primer trimestre del 2018 renovó 45,416 permisos y otorgó por primera vez otros 9,709.
El gobierno de Trump anunció en setiembre pasado el fin del DACA para el 5 de marzo.
Pero tres jueces federales bloquearon la decisión y ordenaron reabrir el proceso para renovaciones, en respuesta a demandas introducidas por otra coalición de fiscales demócratas.
El último fallo fue del juez John Bates, de Washington DC, que calificó de "ilegal", "arbitraria" y "caprichosa" la decisión de eliminar DACA y ordenó al gobierno mantenerlo y, por primera vez, reabrirlo a nuevos solicitantes si en 90 días no logra explicar mejor por qué estima que el programa es ilegal.
El gobierno adelanta procesos de apelación, pero expertos coinciden en que el caso llegará a la Corte Suprema.
El fiscal Paxton criticó que "jueces federales no electos obliguen al gobierno de Trump a mantener un programa ilegal de manera indefinida mientras continúe el proceso legal".
"Si DACA se mantiene intacto crearía un peligroso precedente al darle al poder ejecutivo la autoridad de ignorar las leyes aprobadas por el Congreso y cambiar las leyes de inmigración de la nación a la medida de las preferencia políticas del presidente" de turno.
"El peligro que plantea DACA va más allá de sus consecuencias para nuestro sistema de inmigración. Invita a los futuros presidentes a ignorar la ley, ignorar la voluntad de la gente y establecer sus propias políticas", alertó el fiscal.
