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El diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana generó este lunes sus primeros resultados concretos en México, donde las delegaciones anunciaron los dos primeros acuerdos parciales tras la segunda fase de negociaciones desde el viernes.
“Los resultados de esta mesa van a redundar en beneficio de todas las venezolanas y en beneficio de todos los venezolanos. Lo volvimos a lograr en México”, declaró a la prensa Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y representante del oficialismo.
El primer acuerdo es la lucha unificada por “la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba”, una zona de 159.500 kilómetros cuadrados, rica en recursos entre Venezuela y Guyana, que ha sido centro de una pugna entre los dos países por casi dos siglos.
El segundo, más trascendental, es el “acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano”, con el que el Gobierno de Maduro pretende recuperar activos que se han congelado en el extranjero, expuso Rodríguez.
“Son recursos que además le pertenecen a Venezuela y que han sido ilegalmente sustraídos a través de la figura de ‘overcompliance’, de sobrecumplimiento, que desde el punto de vista del Gobierno bolivariano son ilegales, que son las medidas coercitivas, mal llamadas sanciones”, argumentó.
La negociación avanza
El chavista anunció que retomarán las negociaciones en una tercera etapa del 24 al 27 de septiembre en México, donde han negociado desde una primera visita del 13 al 15 de agosto, cuando firmaron un memorando de entendimiento para acordar una agenda en común.
Con este proceso, impulsado por Noruega y en el que México participa como sede facilitadora, la oposición exige elecciones “libres” en los comicios regionales del 21 de noviembre, mientras que el presidente Maduro pretende que se levanten las sanciones internacionales.
“Las partes convinieron que el primer punto de discusión de la próxima ronda estará referido al ‘Respeto del Estado Constitucional de Derecho’. En particular, se discutirá sobre el sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad”, anunció la Embajada de Noruega en México en un comunicado.
El representante de la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela, el abogado Gerardo Blyde, reveló además la creación de una “mesa técnica nacional de asistencia social” con el Gobierno para el acceso a las cuentas en el extranjero con la condición de usar el dinero en asistencia humanitaria.
“Las partes acordaron establecer mecanismos de restauración y consecución de los recursos para atender las necesidades sociales de la población, con especial énfasis en los efectos de la pandemia por COVID-19, incluyendo aquellos provenientes de organismos multilaterales”, añadió Noruega.
Pero desacuerdos persisten
A pesar de los avances, Blyde puntualizó a la prensa que en el marco de las conversaciones se llegará a acuerdos “poco a poco” y tras discutir los temas “a fondo”, por lo que no deben alimentarse “falsas expectativas”.
“Todavía no hemos entrado al punto de todos los presos políticos que existen en Venezuela, o exiliados, o perseguidos, es un tema de agenda. Cuando hablamos del regreso de los derechos es el punto número 1 de la agenda”, sostuvo el abogado.
El representante opositor también aclaró que ha habido conversaciones sobre “el tema electoral”, pero no ha sido “el centro” de las negociaciones.
Además, matizó que el “régimen” solicitó acceso a los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero que la oposición no lo ha autorizado.
“Nosotros no hemos autorizado nada aún, simplemente accedimos a discutir y a profundizar las discusiones en las próximas rondas. Donde sí hemos hablado es que hay recursos aún disponibles que hayan sido descongelados de cuentas en el exterior que pueden utilizarse para vacunas”, mencionó.
El abogado pronosticó un proceso “largo, duro y complejo”.
Con base en lo firmado el 13 de agosto, las discusiones incluyen “derechos políticos para todos”, garantías electorales y un cronograma para elecciones observables.
También abarcan el levantamiento de sanciones, la renuncia de la violencia, la reparación de las víctimas, protección de la economía nacional, medidas de protección social, y garantías de implementación, seguimiento y verificación.
