¿Delataría a su vecino si hace una fiesta?

La pandemia ha llevado a los ciudadanos europeos a aceptar cambios en el comportamiento social que habrían parecido imposibles hace tan solo un año. La gente dejó de darse la mano, comenzó a usar mascarillas y aprendió a conversar a cierta distancia; ha acatado las normativas de los Gobiernos de quedarse en casa y cerrar sus negocios; ha dejado de asistir a funerales y bodas.

Hemos permitido que los Estados tomen medidas cada vez más invasivas que limitan nuestras vidas, todo con la esperanza de limitar el contagio. Pero la siguiente medida aparente en esa dirección —alentar a las personas a controlarse entre sí— va demasiado lejos. Los políticos en Italia y el Reino Unido no deberían hacer que los ciudadanos comiencen a sospechar unos de otros. Eso no ayudará mucho en la lucha contra el virus e infligirá daños a las comunidades.

A medida que el número de casos y muertes por COVID vuelve a aumentar en Europa, los Gobiernos intentan reducir las reuniones, incluyendo las que se realizan en casas particulares. Las autoridades de salud creen que las cenas y las fiestas pueden ser una peligrosa fuente de contagio, ya que las personas bajan la guardia, se quitan las mascarillas y pasan tiempo juntos.

El Gobierno del Reino Unido implementó una “regla de seis” que limita el número de personas de distintos domicilios que pueden reunirse. Violar esta norma es motivo de multa. El lunes por la noche, Italia introdujo una restricción similar para las reuniones en interiores, aunque es solo una recomendación.

Pero los políticos saben que establecer dichas normativas es más fácil que hacerlas cumplir. No se puede esperar que la Policía golpee al azar a la puerta de los departamentos de las personas en un intento por detectar fiestas ilegales. De ahí la idea de involucrar a los ciudadanos para que denuncien a sus vecinos.

En el Reino Unido, el ministro de Estado para el Crimen y la Policía, Kit Malthouse, dijo que esperaba que la gente llamara a la línea directa existente para denunciar violaciones a las normas. Priti Patel, ministra del Interior, fue un paso más allá y dijo que llamaría a la Policía si veía a sus vecinos incumpliendo la “regla de seis”. El secretario de Salud, Matt Hancock, señaló que todos deberían hacer lo mismo.

En Italia, el Gobierno ha sido más moderado, pero algunos ministros también han insinuado que dependen de la ayuda de las personas. “Los italianos han demostrado que no necesitan un policía que los controle personalmente. Pero está claro que aumentaremos los controles, y habrá denuncias”, dijo el domingo Roberto Speranza, ministro de Salud de Italia.

Estas sugerencias son inaceptables. Se hacen eco de tiempos más oscuros, por ejemplo, en Alemania del Este, bajo el régimen comunista, donde los vecinos se espiaban entre sí y abusaban de este poder de supervisión para sus venganzas personales.

Esas denuncias sistemáticas también podrían convertirse en una enorme pérdida de tiempo, ya que los funcionarios pasarían de una denuncia a otra, en un momento en que los recursos ya son escasos. En tanto, esa actitud haría que las personas desconfiaran unas de otras cuando ya hayan tenido que sobrellevar meses de aislamiento.

Dejar la responsabilidad de hacer cumplir las normativas sobre los hombros de la ciudadanía parece un intento débil de distraer la atención de los errores del Estado para centrarla en el público en general. Los ministros tienen razón al exigir nuestra cooperación en lo que respecta al uso de mascarillas faciales y el distanciamiento social.

Pero el Gobierno también debe cumplir con su parte de la responsabilidad, por ejemplo, proporcionando un sistema de realización de pruebas y trazabilidad que funcione bien y que pueda identificar y aislar rápidamente a las personas contagiadas.

El sistema de salud británico está enfrentando muchas dificultades para satisfacer la demanda pública de pruebas. En Italia, después de un comienzo muy prometedor en la contención de una segunda ola, hay señales de que la situación ahora está bajo tensión, mientras las personas se quejan por las largas colas en las instalaciones para la realización de pruebas.

Pedir a los ciudadanos que se conviertan en policías para compensar que el Estado no haga su parte no es una manera de sacar a la sociedad de una pandemia y una crisis económica. Hasta que se logre el desarrollo y la distribución generalizada de una vacuna, nuestras vidas seguirán enfrentando restricciones. Pero los Gobiernos democráticos deben tener cuidado de llevar los límites demasiado lejos. Otro quiebre de la confianza es lo último que necesita un país.