El mayor riesgo para los países productores de litio, el metal que se usa como componente en las baterías de vehículos eléctricos, no es la actual sobreproducción que ha llevado a un desplome en los precios. El riesgo es que debido a esta abundancia el mercado restringa la producción para elevar los precios y eso haga viable otras tecnologías que sustituyan al litio en las baterías.
Esa es la visión de Mario Marcel, ministro de Hacienda de Chile, el segundo mayor productor del metal en el mundo. “Es necesario que aumente la producción para que siga siendo rentable y atractivo fabricar baterías de litio para la electro-movilidad”, dijo Marcel en una entrevista el jueves en Santiago.
Chile busca hacer su parte para eso. La semana pasada, el Gobierno dio a conocer una lista de salares que se abrirán a la inversión privada como parte de un plan para duplicar la producción en la próxima década.
Si el país lo consigue, la industria de vehículos eléctricos recibirá una avalancha de nuevo suministro para avanzar en la sustitución de sus rivales de combustión interna. Sin embargo, el litio es un mercado volátil. Su precio subió a finales de 2022 cuando los fabricantes de baterías buscaron abastecerse ante la mayor demanda por vehículos eléctricos, para luego caer el año pasado a medida que los compradores recurrían a los inventarios existentes.
Según Marcel, dos tercios de la nueva producción de Chile vendrá de la asociación de la empresa privada SQM con la estatal Codelco y el otro tercio de nuevos proyectos. Esta cálculo no incluye las ampliaciones en las operaciones de Albemarle Corp. en el país.
El plan del presidente Gabriel Boric para explotar más de las mayores reservas del mundo se divide en tres partes.
Dos salares se consideran estratégicos, por lo que su producción futura será controlada por empresas estatales. En otros dos, las empresas estatales tendrán mayor flexibilidad para negociar con socios privados. En un tercer proceso, se licitarán los contratos de otras 26 áreas.
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Prejuicio político
Cuando Boric reveló el año pasado su estrategia nacional para el litio, las empresas del sector declararon su preocupación por el peso que el Estado tomaría en la industria y por la imposición de usar nuevos métodos de extracción directa de litio, más eficientes y ecológicos pero que no se usan comercialmente en ningún lado.
El anuncio de hace unos días confirma que, al menos en algunas zonas, empresas privadas controlarán algunos proyectos e incluso podrán hacerlo sin injerencia alguna del Estado. Además, el uso de extracción directa de litio será una “variable deseable” pero no un requisito en los nuevos contratos, dijo Marcel.
“Muchas de las interpretaciones supusieron que esta era una política mas estatista de lo que realmente es, quizás por un prejuicio político”, dijo el ministro. “Lo importante es que ahora se ha clarificado bien la situación”.
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