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Los inversores en infraestructura corren el riesgo de perder casi un tercio de su dinero, unos US$ 600,000 millones , si los países no planifican un cambio ordenado hacia una economía más ecológica a mediados de siglo, según estudio del EDHEC Infrastructure & Private Asset Research Institute.
Los investigadores describen el peor de los escenarios en términos de gobiernos que se retrasan o inesperadamente imponen impuestos a las emisiones de carbono. Las medidas abruptas provocarían un shock inflacionario que haría subir las tasas de interés y afectaría al valor neto de las inversiones.
Las carteras de infraestructura podrían perder hasta la mitad de su valor, según el estudio del EDHEC.
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“Hay más riesgo del que la gente cree”, dijo Frederic Blanc-Brude, coautor del estudio, mientras se celebraban en Dubái las conversaciones sobre el clima de la COP28. “Se va a materializar antes, y más de lo que se espera, y la gente tiene que despertar”.
En una transición ordenada, por el contrario, en la que el sistema cambia gradualmente para frenar las emisiones, los costos se absorberían como parte de las operaciones empresariales normales.
Blanc-Brude explicó que se evaluaron 9,000 infraestructuras (aeropuertos, autopistas de peaje, centrales eléctricas, puertos marítimos y oleoductos) sin tener en cuenta los posibles costos legales, tecnológicos y de mercado.
Sin una transición ordenada, los mayores impactos de la “transición” los sufrirían los inversores en empresas de energía y agua, que enfrentan el riesgo de una pérdida del 38%, es decir, unos US$ 86,000 millones, según el estudio.
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Las empresas de servicios de red podrían perder un 33% de su valor, o US$ 104,000 millones. Las infraestructuras de datos se situaron en el 32%, o US$ 61,000 millones.
El estudio también examina los llamados riesgos físicos de los impactos climáticos, o los daños causados a las infraestructuras por incendios, inundaciones o tifones.
De no adoptarse medidas gubernamentales para reducir las emisiones y controlar el cambio climático, el estudio concluye que el valor neto de los activos se reduciría globalmente en unos US$ 140,000 millones de aquí a 2050 y afectaría a todos los sectores, aunque de forma desigual.
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