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El gobierno del izquierdista Gabriel Boric, que busca recursos para sus ambiciosos programas sociales en Chile, trazó una nueva política minera que suscita especial interés por el futuro del litio, también llamado oro blanco, vital en la transición hacia energías limpias.
Chile aumentó así impuestos a la explotación del cobre, metal del que es el mayor productor mundial, y plantea que el Estado tenga un rol protagónico en la extracción del litio, del que es el segundo productor global.
¿Qué prevé la nueva política minera?
A fines de abril, Boric anunció la Estrategia Nacional del Litio en momentos en que el mundo busca alejarse de los combustibles fósiles ante la crisis climática. Este metal es clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos.
La característica relevante de la nueva política “es un rol más importante para el Estado”, señala a la AFP Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de la consultora Plusmining. El plan prevé una alianza público-privada, con el Estado presente en toda la cadena de producción a través de una futura Empresa Nacional del Litio.
Actualmente dos compañías privadas, la chilena SQM y la estadounidense Albemarle, extraen el mineral del salar de Atacama, a 1.700 km al norte de Santiago, bajo concesiones que vencen en 2030 y 2043, respectivamente. El gobierno todavía no ha definido los términos de los próximos contratos.
No obstante, son “muchas las empresas e inversionistas internacionales que ya han manifestado su interés de trabajar con nosotros”, dijo Boric.
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¿Por qué el interés en el litio ?
Ante la voraz demanda, el precio de este metal se disparó 400% durante 2022. Las exportaciones chilenas pasaron de 1,233 millones de dólares en 2021 a 8,093 millones en 2022, según el Banco Central.
El año pasado el litio representó un 3% del PIB y fue el segundo producto que más aportó a la ecomomía después de los derivados del cobre. Aunque se apartó de la vía de la nacionalización, la nueva estrategia del gobierno es recibida con cautela.
“Este cambio de orientación tiene una fuerte concepción ideológica y eso lamentablemente ha afectado el pragmatismo que requieren algunas decisiones en esta materia”, comenta el analista Guajardo.
Chile, que bajo la dictadura de Augusto Pinochet declaró el litio de “interés nuclear” por su uso en la fabricación de bombas de hidrógeno, produce el 34% del “oro blanco” en el mundo, superado apenas por Australia. Se estima que tiene un 36% de las reservas.
En plena carrera comercial por el litio, una industria que demanda millonarias inversiones, Chile hubiera podido optar por “caminos mucho más expeditos y rápidos” que los del Estado, agrega el experto.
¿Y el cobre?
Boric logró la aprobación de un incremento al impuesto específico a la gran minería, que busca recaudar casi 1,500 millones de dólares. El gobierno echó mano del metal rojo para financiar programas sociales, tras el fracaso en el Congreso de su plan para que los ricos pagaran más impuestos.
Desde la nacionalización de las grandes minas de cobre, en 1971, la extracción y exportación de este metal ha sido considerada como el “sueldo de Chile”. Con una producción anual de 5,3 millones de toneladas en 2022, equivalente al 26% de la oferta global, Chile es el principal productor mundial del metal rojo.
En el país opera la estatal Codelco y gigantes como la angloaustraliana BHP y la británica Anglo American. La producción cuprífera representa cerca del 13% del PIB.
¿Qué dice el sector privado?
Según el gobierno, en adelante las grandes empresas mineras (que extraigan más de 50,000 toneladas de minerales al año), tendrán una carga tributaria efectiva del 40.1%. Pero el sector privado calcula que será del 44.7%, superior a la de directos competidores como Canadá, Perú, Australia y Estados Unidos.
“El efecto evidente es el de pérdida de competitividad”, dijo a la AFP Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, que reúne a las grandes firmas del sector.
Villarino se pregunta si acaso “esto tendrá un efecto grave en la materialización de inversiones, en que el país tiene una cartera de proyectos que supera los 50,000 millones de dólares”.
Fuente: AFP
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