Hace cuatro años, Chile se sumió en la ola de protestas más graves desde el fin de la dictadura y empezó una larga discusión sobre el modelo de sociedad que quería ser. Hoy, el debate sigue entrampado y el segundo intento por redactar una nueva Constitución podría, según todas las encuestas, también fracasar.
Más de 4,000 agentes policiales serán desplegados, principalmente en Santiago, pero las autoridades esperan que la jornada sea “tranquila” y apenas han circulado convocatorias de marchas masivas.
Los chilenos empiezan a ver cada vez con más distancia el estallido social, que puso contra las cuerdas la institucionalidad del país durante varios meses y que dejó una treintena de muertos, miles de heridos y acusaciones por parte de organismos internacionales contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.
El aniversario tiene lugar dos días antes de la inauguración de los XIX Juegos Panamericanos, el mayor evento deportivo celebrado en Chile desde el mundial de 1962, y con el presidente Gabriel Boric de visita oficial a China.
“Los efectos del estallido, que algunos pretenden hacer como si no hubiese sucedido o borrar de la historia, son de largo aliento y creo que es muy pronto para poder establecer un análisis completo”, indicó el martes desde Pekín el mandatario.
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Demandas sociales insatisfechas
El proceso constituyente fue la salida que pactó la política para descomprimir las protestas, pero cuatro años después el país mantiene la Constitución de la dictadura (1973-1990) y “el sistema político no ha sido capaz de resolver discusiones acuciantes, como seguridad, pensiones o salud”, explica Rodrigo Pérez de Arce, del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES).
“La suma del estallido y la pandemia, junto con esa ineficacia política, nos han sumido en la inmovilidad”, añade.
Octavio Avendaño, de la Universidad de Chile, también cree que las demandas sociales no han sido resultas y considera que se hizo una “lectura errónea” de las protestas, al pensar que se podía solucionar “con un cambio en la Constitución y un Gobierno de izquierda”.
“El estallido fue un fenómeno mucho más complejo. Nos hemos dado cuenta de que la demanda sobre un cambio constitucional es de las élites, incluyendo la izquierda, no de la calle”, apuntó.
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Votaciones péndulo
Desde 2019, Chile ha celebrado siete elecciones, en las que el electorado se ha comportado como un péndulo, inclinándose primero por la izquierda y luego por la derecha.
Boric, el mandatario más izquierdista desde Salvador Allende, derrotó en diciembre de 2021 al ultraderechista José Antonio Kast, pero no ha podido sacar adelante la mayoría de sus reformas, como la tributaria y la de pensiones, porque no cuenta con mayoría en el Parlamento.
La izquierda también ganó la mayoría de los escaños en la convención que redactó la primera propuesta de nueva Carta Magna, pero sufrió una contundente derrota en el plebiscito del pasado septiembre: el 62% de los chilenos rechazó un texto vanguardista en materia de igualdad de género, medio ambiente y pueblos indígenas.
En las siguientes elecciones constituyentes, la ultraderecha y la derecha tradicional arrasaron y actualmente llevan la batuta en este segundo intento por redactar una nueva Carta Fundamental.
“Estamos moviéndonos entre dos extremos, buscando convocar al grueso de la población chilena, que se ubica en el centro”, apuntó Jeanne Simon, de la Universidad de Talca.
Para Claudia Heiss, de la Universidad de Chile, la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento no son demandas incompatibles, sino “transversales” a todos los electores.
“Pensar que hoy día no importan los derechos sociales o que en el pasado no importaba la seguridad pública es un error”, añadió.
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¿Un nuevo fracaso?
Las encuestas llevan semanas alertando de que la segunda propuesta de Carta Magna podría también fracasar en el plebiscito del 17 de diciembre: El último sondeo Cadem reveló este domingo que solo un 28% votaría a favor, mientras que un 53% en contra.
De los 50 redactores de la nueva Constitución, 22 son del ultraderechista Partido Republicano y 11 de la derecha tradicional, mientras que el oficialismo tiene 17.
Las derechas han hecho valer su contundente mayoría e incluyeron en el texto polémicos artículos que han sido criticados desde varios sectores por suponer “retrocesos” en materia de derechos.
“Este segundo proceso ha tenido vicios parecidos al anterior. Se está tratando de hacer políticas públicas a través del cambio constitucional”, lamenta Heiss.
Entre los puntos más polémicos destacan “el derecho a la vida de quien está por nacer”, la expulsión inmediata de los migrantes irregulares o la exención tributaria de la primera vivienda, una medida que beneficia a las personas de mayores ingresos.
Un nuevo fracaso, alerta Pérez de Arce, traería incertidumbre económica y “agudizaría la pérdida de legitimidad que tiene la ciudadanía en la política”.
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