El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, insistió este miércoles en que la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) continúa abierta y dijo que el acuerdo comercial entre ambos bloques podría ser concluido en febrero de 2024.
“Todavía estamos conversando para encontrar una solución” y “se sigue negociando”, declaró el canciller durante una comparecencia ante la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
Vieira aclaró que el pasado 7 de diciembre, cuando se celebró en Río de Janeiro la Cumbre del Mercosur y se esperaba que se anunciara la posible conclusión del acuerdo, no suponía “un plazo fatal” para los contactos, que han continuado desde entonces.
Aún así, sugirió que el diálogo entre la UE y el bloque integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay continuará al menos hasta mediados del próximo febrero, pues luego “empezará el proceso electoral” para el Parlamento Europeo, que dificultará los contactos.
En ese marco, consideró que este año “se ha avanzado mucho” en la negociación, lo cual abre una puerta para una posible conclusión del acuerdo en las primeras semanas de 2024, pese a que Paraguay, que ahora ejerce la presidencia semestral del Mercosur, ya ha dicho que no le dará prioridad a esas tratativas.
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Vieira explicó que las mayores trabas continúan existiendo en el apartado medioambiental y atribuyó la persistencias de esas discordias a “cuatro o cinco países” de la UE, “tradicionalmente conocidos como proteccionistas”.
Aunque no citó a esos países, fue una clara alusión a un grupo encabezado por Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, reafirmó su oposición al acuerdo con el Mercosur días antes de la cumbre del bloque suramericano y sepultó así la posibilidad de concluirlo este mismo año.
Según el canciller brasileño, así como se mantienen las trabas en las cuestiones medioambientales, también “se ha avanzado mucho” en el capítulo de compras gubernamentales, que el Mercosur había pedido revisar.
Si bien no dio muchos detalles, Vieira aseguró que las compras públicas serían “resguardadas para decisiones soberanas” de los socios del Mercosur, mediante ciertas limitaciones a la participación de las empresas europeas en esas operaciones.
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