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El borrador de la Constitución de Chile elude algunas de las propuestas más radicales, pero no brinda claridad sobre cómo las nuevas medidas afectarán el entorno empresarial y las funciones del Gobierno, según Fitch Ratings.
El documento, que se someterá a referéndum el 4 de setiembre, deja áreas grises, como las leyes de propiedad, las implicaciones fiscales de los nuevos derechos sociales, y los controles y balances entre las ramas del Gobierno, escribieron analistas de Fitch, entre ellos Richard Francis y Shelly Shetty, en una nota del 24 de mayo.
“Muchos de los artículos que pensamos que habrían tenido el impacto más negativo en el entorno empresarial han sido rechazados”, escribieron. “Pero una comprensión más completa de cómo operarán las nuevas disposiciones clave dependerá de la implementación de la legislación”.
La Convención Constitucional de Chile se encuentra en las etapas finales de la nueva Constitución que revisaría el marco legal de un favorito de los inversionistas a nivel global.
En el 2020, los votantes respaldaron de forma abrumadora la reescritura de la actual Constitución del país, que data de la dictadura de 1973 a 1990, luego de un período de grandes disturbios. No obstante, encuestas recientes muestran que más personas se inclinan a rechazar su propuesto reemplazo, lo que exacerba las incertidumbres.
El refuerzo de las protecciones ambientales podría aumentar los costos o los riesgos legales para la industria minera, lo que disuadiría las inversiones en el principal productor mundial de cobre, según Fitch. En tanto, reformar el Senado podría centralizar el poder en la Cámara de Diputados, que recibirá la capacidad de redactar proyectos de ley de gastos.
“Esto podría facilitar la aprobación de medidas populistas, como se observó con los recientes retiros de fondos de pensiones que tuvieron el apoyo del Congreso, pero la oposición del Ejecutivo”, escribieron los analistas de Fitch.
La semana pasada, analistas de Morgan Stanley escribieron que el proyecto de Constitución no alteraría el marco de política de Chile y que esperan que sea aprobado. JPMorgan Chase & Co. adoptó un tono más cauteloso, al decir que el borrador debilitaría las instituciones de Chile.
