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Los activistas medioambientales como Constanza San Juan han sido, en el mejor de los casos, figuras secundarias en el surgimiento de Chile como proveedor dominante de cobre en las últimas décadas. Ahora, ella y otros como ella están reescribiendo las reglas, con decenas de miles de millones de dólares en inversiones que dependen del resultado.
Esta joven de 35 años, que lleva luchando contra la minería desde que Barrick Gold Corp. llegó a su región hace dos décadas, forma parte de una comisión que decidirá cómo figurarán el medio ambiente y los recursos naturales en una nueva Constitución que reemplazará a la que data de la dictadura de Augusto Pinochet.
Tenemos que cambiar completamente el modelo extractivista por uno que esté en armonía con la naturaleza, dijo San Juan en una entrevista, prometiendo no reunirse con grupos de presión durante el proceso. Agregó que los cambios deben hacerse con el espíritu de lo que dio inicio a todo este movimiento para transformar Chile. La minería no ha traído más que pobreza, enfatiza.
Las discusiones comenzarán de lleno a principios del próximo año, y es probable que los miembros se sientan envalentonados por la elección del domingo del presidente más izquierdista desde Salvador Allende.
Las propuestas van desde el establecimiento de límites de tiempo para las concesiones hasta la prohibición total de las minas en algunas condiciones. La industria del cobre está presionando con fuerza para mantener el modelo de concesiones indefinidas, que dice que es fundamental para la planificación a largo plazo que sustenta las inversiones.
Hay mucho en juego. El Gobierno chileno tiene un total de casi US$ 70,000 millones en posibles proyectos mineros para esta década. Parte de esa cantidad dependerá del resultado de la nueva Constitución y de si se ratifica en un plebiscito. Así, el documento ayudará a determinar qué cantidad de las mayores reservas de cobre y litio del mundo se explotarán en los próximos años para satisfacer la creciente demanda mundial en la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles.
Hasta que no se aclare el tema de la seguridad jurídica y cualquier nueva norma, no se verán grandes inversiones, según Diego Hernandez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) de Chile.
Miembros de la comisión
Un rápido vistazo a la composición de la comisión —y a los 155 integrantes de la convención constituyente— explica los temores del sector. En un proceso nacido de las protestas que estallaron hace dos años, cerca de tres cuartas partes son de izquierdas o activistas sociales y medioambientales de algún tipo. Eso significa que los conservadores que defienden la continuidad de las normas favorables a los inversionistas están en clara minoría.
Por ejemplo, están Juan José Martín, independiente de 26 años, cofundador de una organización juvenil de sostenibilidad; Camila Zárate, de 29 años, abogada ambientalista que defiende los derechos del agua; y San Juan, que considera que la minería sostenible es una contradicción en los términos y pide que se prohíban todas las minas cerca de las fuentes de agua, incluidos los glaciares y los salares que albergan gran parte de las reservas mundiales de litio.
Las opiniones de San Juan fueron forjadas por el intento frustrado de Barrick de desarrollar una gigantesca mina a cielo abierto en la cima de su valle. La construcción se detuvo en el 2013 en medio de infracciones medioambientales que provocaron multas y demandas. “La tecnología permite que las mineras lleguen hasta los glaciares y nosotros no lo vamos a permitir porque de ahí viene el 70% del agua del país”, dijo.
Resultado electoral
Las empresas mineras corren más riesgo con la reforma constitucional que con la victoria del izquierdista Gabriel Boric en las elecciones presidenciales, según Hernández. Aunque a las empresas probablemente les habría ido mejor con su contrincante conservador y partidario de bajar los impuestos, José Antonio Kast, un congreso dividido en partes iguales limita la probabilidad de cualquier política radical.
La industria del cobre, que representó más de la mitad de las exportaciones de Chile el año pasado y el 11% del PBI, está respondiendo a la creciente presión para encontrar formas más limpias de operar. Los productores también se han mostrado dispuestos a pagar más impuestos para el gasto social, así como a adherirse a normas de exploración más estrictas. Pero el sector afirma que atenerse al modelo de concesión indefinida es crucial para la planificación.
Ninguna empresa estima su flujo de caja mirando a cuatro años, según el analista de BTG Pactual César Perez-Novoa. Explica que, en el peor de los casos, es un horizonte de 15 años y en el mejor, de 30 a 50. Lo importante es la Constitución, no el presidente, agregó.
El sector se siente alentado por la composición del Congreso, no solo porque está dispuesto a moderar la política, sino también porque sugiere que el electorado podría no aprobar una reforma constitucional radical. Incluso la activista San Juan, hablando antes de la elección presidencial del domingo, indicó que la euforia por el cambio que había cuando se eligió la convención puede haber disminuido un poco.
Hernández, expresidente de Codelco y de Antofagasta Plc., también apuesta por que la gente reconozca que la minería tendrá que desempeñar un papel importante para mantener la economía en marcha después de que el impacto del estímulo de la pandemia desaparezca.
Aun así, las principales empresas mineras, como Freeport-McMoRan Inc. y Lundin Mining Corp., han dicho que darán luz verde a nuevas inversiones en Chile hasta que se aclare el entorno político y normativo.