Bolivia apuesta a consolidar un “Estado protector” con elevados subsidios para mantener estables los precios domésticos, dijo a Reuters el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, pese al riesgo que implican el alto déficit fiscal y la merma de reservas internacionales.
El Gobierno de centroizquierda de Bolivia, un productor clave de gas, otorga subsidios al sector de hidrocarburos con el fin de contener los precios de los combustibles y de la producción de bienes y servicios, lo que ha ayudado a lograr una inflación del 3% anual, una de las más bajas del mundo.
Pero, las consecuencias de la receta del Gobierno socialista son un elevado déficit fiscal y la caída de las reservas, según analistas. El déficit sería este año del 8.5% del PIB y en 2023 del 7.5%, mientras que las reservas del país alcanzan los US$ 4,000 millones.
“Nuestro déficit podría llegar a ser 1 o 1.5% si eliminamos la inversión pública (...), pero la consecuencia inmediata es golpear el crecimiento”, explicó.
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Asimismo, dijo que se espera que la economía de Bolivia crezca un 5.1% en 2022 y casi un 5% el año próximo.
“Los movimientos abruptos de capitales, los efectos económicos de vivir en la globalidad, en la pandemia, en la guerra tienen que tener algún tipo de soporte (...) Las subvenciones son eso”, señaló el funcionario.
En relación con la inversión pública, Bolivia desembolsará en 2023 al menos US$ 4,006 millones para apoyar a los sectores del agro, energía, minería, infraestructura y otros, según datos oficiales. Parte de ese monto provendrá de financiamiento externo y se contempla la emisión de bonos de deuda por hasta US$ 2,000 millones.
Algunos expertos consideraron que el elevado déficit y la caída de reservas dan muestra de un agotamiento del modelo boliviano.
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“Creo que el Gobierno puede tener una salida y la salida es contratar crédito externo de organismos financieros internacionales, que siempre tienen tasas más bajas, plazos más altos”, dijo Napoleón Pacheco, economista de la Fundación Milenio.
Según el Ministerio de Economía, la deuda de Bolivia es del 46% del PBI y se encuentra por debajo de los umbrales establecidos por organismos internacionales, lo que refleja que el país tiene aún capacidad de endeudamiento.
Consciente de la relevancia de los hidrocarburos para el país, el ministro Montenegro destacó que el Gobierno diseñó “un plan de exploración muy agresivo” para 2023, aunque no entró en detalles.
El Gobierno boliviano también espera concretar el año próximo acuerdos con empresas para la implementación de tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) y acelerar la industrialización del mineral con el objetivo de posicionarse en el mercado de esta industria antes de 2025.
“No es fácil, porque hay contratos que van a durar años, incluso décadas (...) Nosotros tenemos que jalar para que se queden más ganancias para Bolivia”, señaló Montenegro.