Únete al canal de GestiónArgentina intentó aplazar este lunes la presentación de una garantía para evitar embargos en la indemnización de más de US$ 16,000 millones a la que fue sentenciada el año pasado en un tribunal de Estados Unidos por la expropiación en 2012 de la petrolera YPF a Repsol.
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska de Nueva York falló a favor del fondo buitre Burford Capital en su litigio de más de ocho años contra el Estado argentino por la expropiación de YPF, y obligó a Buenos Aires a pagar el mayor monto posible, US$ 16,000 millones.
Preska acordó en noviembre retrasar la ejecución de la sentencia indemnizatoria para que Argentina pueda apelar el fallo, y fijó como condición que el Estado depositara una garantía, un compromiso cuyo plazo vence este 10 de enero y que, de no cumplir, dará paso a embargos de activos argentinos.
Los abogados del Estado intentaron solicitar sin éxito una prórroga del depósito de la garantía a finales de diciembre, y hoy ofrecieron argumentos en una nueva moción en la que anticipan que Argentina no cumplirá su obligación a tiempo.
Los abogados argumentaron ante la jueza Preska que Burford Capital “no ha identificado ningún activo de la República (argentina) en Estados Unidos” que pueda embargar de cara al potencial incumplimiento del 10 de enero, y reivindica que el fondo debería “renovar su moción” con una nueva fecha de aplicación en función del hallazgo de esos activos.
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La defensa de Burford ya indicó en otra carta para Preska este 2 de enero que “pese a las optimistas declaraciones de bienvenida del nuevo presidente de Argentina (Javier Milei), los abogados de Argentina han dejado claro que la República no cooperará ni en las cosas básicas” en el caso YPF.
Según denunciaron, Argentina ha reconocido su “incapacidad legal y práctica para empeñar los activos requeridos” en la garantía, y “ha dejado claro que no cumplirá con las condiciones del tribunal para otorgarle una suspensión (de la sentencia) mientras hace una apelación”.
Los abogados de Burford también hicieron referencia al potencial “proceso arduo y agotador” de cobrar la indemnización embargando activos argentinos si el Estado no depositaba su garantía a tiempo.
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Argentina tiene de plazo hasta el 30 de enero para apelar la sentencia, según dictaminó Preska.
En 2012, Argentina compró el 51% de las acciones de YPF a la española Repsol sin hacer una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas, que aseguraron haber sido perjudicados.
El juicio por la estatización de YPF comenzó en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen, que era inversor en la petrolera.
Burford Capital, un fondo especializado en este tipo de litigios, compró en España las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías creadas por los dueños de aquel holding, para poder presentar la demanda en Nueva York.
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