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El presidente de Argentina, Javier Milei, propondrá nuevas reglas para aumentar el número de argentinos que pagan impuestos sobre la renta como parte de una estrategia para apuntalar las finanzas públicas, según dos funcionarios gubernamentales familiarizados con el plan.
La propuesta, que será enviada al Congreso el martes, establece que las personas que ganen más de 1.3 millones de pesos (US$ 1,583) al mes estarán sujetas al impuesto, señalaron los funcionarios, que pidieron el anonimato porque el plan aún no se ha hecho público.
La información fue reportada por primera vez por el periódico La Nación.
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Los argentinos que reciben menos de 15 salarios mínimos, o alrededor de 2.3 millones de pesos, fueron exentos del impuesto sobre la renta desde octubre pasado por el entonces ministro de Economía Sergio Massa, que buscaba aumentar su popularidad de cara a las elecciones presidenciales que perdió ante Milei.
El piso para el pago del impuesto sobre la renta se ajustará cada trimestre de acuerdo con la tasa de inflación, dijeron los funcionarios.
Suspende plan para privatizar YPF
La privatización de la petrolera estatal YPF SA ya no está incluida en las amplias reformas que el presidente Javier Milei está buscando aprobar en el Congreso argentino, según un resumen de la legislación distribuido el lunes por el Gobierno.
El proyecto de ley Ómnibus, que actualmente se debate en la Cámara Baja, fue modificado después de negociaciones con los legisladores. Es la señal más clara hasta ahora de que el libertario de línea dura Milei, cuyo partido solo cuenta con una minoría en el Congreso, está dispuesto a hacer concesiones para impulsar una paquete de reformas radicales que destrozaría el tejido de la economía intervencionista de Argentina para construir un refugio de libre mercado.
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YPF es la mayor perforadora y refinadora de petróleo de Argentina. Fue nacionalizada en 2012 para encabezar el desarrollo de las riquezas de shale en la Patagonia después de que los propietarios españoles fueran acusados de descuidar la producción. Y si bien YPF ha tenido cierto éxito allí —el shale oil representa ahora casi la mitad de la producción de crudo del país de 760,000 barriles por día—, se ha visto obstaculizada por la intromisión del Gobierno en los precios de los combustibles para contener la inflación galopante.
Desde la nacionalización, sus acciones que cotizan en Nueva York han caído casi un 30%. Pero algunos inversionistas habían estado recientemente comprando títulos de YPF con la esperanza de que Milei llevará a cabo una reprivatización que, en teoría, podría hacer que la empresa sea más eficiente y rentable.
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Paula La Greca, analista de TPCG en Buenos Aires, dijo que siempre fue improbable que se produjera una privatización. Esto se debe a que al mantener a YPF bajo control estatal, el Gobierno tiene una herramienta garantizada para mejorar la balanza comercial energética de Argentina, lo que a su vez contribuye a los objetivos presupuestarios y monetarios.
“YPF fue concebida como una empresa para garantizar que la independencia energética fuera parte de la seguridad nacional”, dijo La Greca.
Sin duda, Milei, quien originalmente había dicho que quería que YPF estuviera en buen estado antes de intentar una venta a mitad de su mandato, aún podría reactivar los planes. Sin embargo, sería un desafío lograr la aprobación requerida de dos tercios en el Congreso.
Para complicar las cosas, existe un fallo de una corte estadounidense que ordena a Argentina el pago de unos US$ 16,000 millones tras las chapuzas técnicas cometidas durante la nacionalización de 2012. Dado que el Gobierno no se comprometió a principios de este mes a pignorar acciones de YPF como garantía para los inversores durante un proceso de apelación en curso, un juez de Manhattan ha dado luz verde a esos inversores para cobrar la sentencia yendo tras los activos de Argentina.
Milei seguirá tratando de privatizar decenas de otras empresas estatales en su intento de reducir un Gobierno inflado. Pero la versión revisada de la ley Ómnibus también reduce los planes para el operador nuclear estatal, una empresa de satélites y el Banco Nación.
El presidente también ha hecho concesiones sobre el cálculo de las pensiones. La resistencia a sus reformas en el Congreso incluye una huelga general prevista para esta semana por los poderosos sindicatos.
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