Argentina solicitó este jueves a la jueza estadounidense que instruye el caso de la nacionalización de la petrolera YPF, que deniegue la petición de los demandantes de ejecutar en 30 días el fallo que le obliga a pagar US$ 16,100 millones a accionistas minoritarios.
La acusación había solicitado a la jueza Loretta Preska, del tribunal sur de Manhattan, que diera 30 días de plazo para que Argentina empezara a pagar la indemnización y los intereses a los que fue condenada en la sentencia favorable a las empresas demandantes Grupo Petersen y Eton Park, despojadas de sus acciones en la nacionalización de la petrolera, entonces controlada por la española Repsol, en 2012.
“Sería una violación extraordinaria de la cortesía internacional permitir la ejecución de la sentencia de US$ 16.100 millones en este caso en un plazo artificialmente limitado” y “generaría litigios innecesarios y caóticos”, alegan los abogados de Argentina en un escrito a la jueza con fecha del 27 de setiembre.
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El abogado Robert Giuffra, que firma el petitorio, recuerda que el bufete de abogados Burford Capital, que compró el litigio a una de las empresas demandantes, Grupo Peterson, ha vendido el 38.75% de su participación en el caso a terceros, “cuya identidad ni siquiera ha sido revelada”.
La sentencia equivale a casi el 20% del presupuesto de la República para 2023, sostiene la defensa, que asegura que el “pago de tal proporción del presupuesto de un país no sería posible para ningún gobierno en el plazo que proponen los demandantes”.
“No hay certeza de que el pago de la sentencia, una vez efectuado, pueda recuperarse, un resultado insostenible dado que la apelación de la República plantea cuestiones jurídicas difíciles para el Tribunal de Apelaciones”, agregan.
El caso se remonta a 2012, cuando Argentina nacionalizó la petrolera YPF, controlada por el grupo español Repsol. Dos años más tarde, la española fue indemnizada con US$ 5,000 millones para zanjar el litigio; no así otros accionistas minoritarios como el Grupo Petersen o Eton Park Capital (25.4% del capital de YPF), que en 2015 presentaron una demanda, alegando que el país no había presentado una oferta pública de adquisición como preveía la ley.
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