El amplio paquete de reformas impulsado por el presidente de Argentina, Javier Milei, implica un “retroceso” normativo que vulnera la protección de bosques, glaciares y otras recursos naturales, advierten organizaciones ambientalistas.
Milei, quien asumió la Presidencia Argentina el pasado 10 de diciembre y que en campaña llegó a afirmar que el la crisis climática es un fenómeno “cíclico independientemente de la existencia del hombre”, firmó un polémico decreto de necesidad y urgencia (DNU) para desregular la economía.
Días después remitió al Parlamento un proyecto de ley que declara la emergencia pública y le otorga amplias facultades en materia económica, política y social, incluyendo varios aspectos que atañen directa o indiferentemente a cuestiones medioambientales.
“Vemos con profunda preocupación lo que se esconde atrás de este proyecto porque incluye modificaciones que atentarían contra la protección del ambiente y los ecosistemas. Lo que pone en jaque esta ley es la protección de nuestros bosques nativos y de nuestros glaciares”, señala Diego Salas, director de Programas de Greenpeace Andino.
Las organizaciones ecologistas no descartan acciones judiciales en contra de la que consideran una “regresión ambiental”, reclaman al Parlamento que rechace la reforma, reivindicando los procesos de debate legislativo que se han dado por años en Argentina para sacar adelante normas de protección ambiental.
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La iniciativa impulsada por el nuevo Gobierno introduce cambios en la ley de Glaciares aprobada en 2010, la ley de Bosques Nativos de 2007 y la ley de Protección Ambiental para el Control de Actividades de Quema de 2009.
“Estas regulaciones fueron en su mayoría producto de la movilización y la exigencia de la población a lo largo de los años. Resulta inaceptable que por un sesgo ideológico se hipoteque el presente y futuro del país: sus reservas de agua dulce, su seguridad y soberanía alimentarias, su biodiversidad y el derecho a un ambiente y vida sanas”, comenta Martún Vainstein, coordinador nacional de Climate Save Argentina.
La reforma facilita el desmonte sin autorización previa y la quema de pastizales con fines agropecuarios o inmobiliarios aún sin contar con un permiso formal para hacerlo, recorta los fondos estatales disponibles para el cuidado de los bosques y permite actividades económicas, como la minería, en áreas periglaciares.
La iniciativa incluye otros aspectos preocupantes, como la flexibilización de los permisos de pesca, una medida que “va a alterar fuertemente a la fauna marina cuando Argentina ya tiene grandes problemas en sus especies en el mar”, advierte Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
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“El espíritu de este proyecto es liberalizar la economía y hacer que el sector privado tenga más relevancia. Pero la cuestión ambiental, para que pueda cumplirse con el mandato constitucional de la protección del ambiente, requiere de políticas públicas activas, de presupuestos y de cumplir los compromisos internacionales asumidos. Con este proyecto, Argentina va a estar lejos de esto”, considera Nápoli.
Argentina reconoció los derechos ambientales con la reforma constitucional de 1994 y en 2016 ratificó el Acuerdo de París.
La reforma impulsada por Milei además beneficia al sector de los combustibles fósiles e impulsa los mercados de bonos de carbono, un mecanismo que requiere regulaciones estrictas para garantizar su transparencia.
“Se da vía libre a que grandes contaminantes como las petroleras o el agronegocio, una vez llenado su cupo de contaminación, le compren bonos de carbono a otras empresas para seguir contaminando y así evitar penalizaciones”, alertó Vainstein.
También genera “inquietud” entre los ambientalistas la reglamentación de las protestas promovida por el nuevo Gobierno.
“Este doble impacto, tanto en la preservación ambiental como en el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, de ninguna manera puede ser aceptado”, aseveró Salas.
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