El “Parole in Place” (PIP) es una política de EE.UU. que permite a ciertos familiares de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes sin estatus legal permanecer en el país mientras resuelven su situación migratoria. En junio de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un nuevo dictamen que beneficia, principalmente, a los cónyuges de ciudadanos. En respuesta, dieciséis estados liderados por republicanos han demandado a la administración Biden, argumentando que esta medida protege a inmigrantes ilegales y viola los procedimientos migratorios establecidos. Conoce los detalles aquí.
Es importante destacar que el “Parole in Place” no otorga un estatus legal permanente ni una visa de inmediato. Sin embargo, una vez aprobado, permite que el solicitante inicie el proceso para ajustar su estatus y obtener la residencia permanente, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos legales necesarios.
Esto convierte al PIP en un paso crucial para aquellos que buscan regularizar su situación en EE.UU. sin tener que abandonar el país, impulsado por el programa Manteniendo a Familias Unidas (Keeping Families Together, en inglés).
Un inmigrante ilegal guatemalteco deportado de los Estados Unidos es abrazado por un familiar a su llegada a Guatemala el 7 de noviembre de 2008 en la Ciudad de Guatemala (Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP)
¿CUÁLES SON LOS ESTADOS DE EE.UU. QUE ESTÁN EN CONTRA DE PAROLE IN PLACE?
Algunos estados de EE.UU. han expresado su oposición al programa “Parole in Place” y han tomado medidas legales en su contra. Entre estos estados se encuentran Texas, Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Luisiana, Missouri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming.
Estos estados han argumentado que el programa podría incentivar la inmigración irregular y sobrecargar los recursos estatales.
¿POR QUÉ 16 ESTADOS ESTÁN EN CONTRA DE PAROLE IN PLACE?
Estos estados, liderados por Texas y la organización America First Legal, argumentan que la regla viola la ley federal, que establece que los inmigrantes indocumentados no pueden obtener beneficios de inmigración, como el estatus permanente, sin haber abandonado el país y ser readmitidos legalmente.
Los estados sostienen que el programa abusa del Parole, el cual debe aplicarse “caso por caso por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
En el comunicado sobre la demanda, los estados expresan que “afirmando que tiene ‘discreción ilimitada’, el DHS ha anunciado la creación de un programa que efectivamente proporciona una nueva vía para obtener una tarjeta verde y, eventualmente, la ciudadanía; permitiendo a más de 1,3 millones de extranjeros que están presentes ilegalmente en los Estados Unidos (más de 200.000 de los cuales viven en Texas) eludir los procesos establecidos por el Congreso para solicitar la residencia permanente” .
