En febrero de este año, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una serie de medidas que afectan profundamente a la comunidad inmigrante en el estado. Estas leyes, que han generado un gran debate, buscan reforzar el control migratorio y aumentar la colaboración de las fuerzas del orden locales y estatales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Una de las principales disposiciones es la reactivación del programa 287(g), que permite que agentes locales y estatales desempeñen funciones migratorias. El político ha señalado que esta medida contribuirá a mejorar la seguridad pública al garantizar que los inmigrantes indocumentados sean detenidos y deportados si están involucrados en delitos.
Bajo la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, las autoridades locales pueden asumir el papel de agentes de inmigración, arrestando y procesando a personas por infracciones relacionadas con el estatus migratorio. Sin embargo, este programa no ha estado exento de controversia. Su implementación en el pasado, durante la administración de George W. Bush y más tarde bajo Donald Trump, fue criticada por la ejecución de redadas indiscriminadas y detenciones de personas sin el debido proceso. Ahora, algunos gobiernos locales en Florida han expresado su desacuerdo con la obligación de implementar estas medidas, argumentando que afecta la confianza de la comunidad y su seguridad.
Ron DeSantis, actual gobernador del estado de Florida (Foto: AFP)
UNA CIUDAD SE OPONE AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
A pesar de la presión que se ejerce desde el gobierno estatal, una ciudad de Florida ha decidido hacer frente a la situación de una manera diferente. South Miami, un pequeño municipio en el sur del estado, se ha convertido en un baluarte de la resistencia contra las nuevas políticas migratorias de DeSantis. El alcalde de la ciudad, Javier Fernández, ha sido claro en su postura, manifestando que no está dispuesto a que sus agentes de policía se conviertan en funcionarios del ICE. Según él, esta medida pone en peligro la seguridad de la comunidad y socava la confianza que los residentes tienen en la policía.
South Miami no es una ciudad “santuario” en el sentido estricto de la palabra, pero sí ha tomado una posición firme respecto a no colaborar activamente con las autoridades federales en tareas de inmigración. Ante la presión de cumplir con la ley estatal que prohíbe a las ciudades santuario, el gobierno local ha decidido que la mejor opción es llevar el caso a los tribunales. El alcalde, en una reciente declaración, afirmó que la única forma de encontrar claridad sobre las obligaciones legales de la ciudad es pedir una resolución judicial que defina si las autoridades locales realmente tienen que colaborar con el ICE o no.
¿POR QUÉ SOUTH MIAMI TOMA ESTA DECISIÓN?
La decisión de South Miami de no adherirse a las políticas migratorias de DeSantis se basa en una profunda preocupación por el bienestar de sus residentes, muchos de los cuales son inmigrantes indocumentados. El alcalde ha destacado en diversas ocasiones que la implementación del programa 287(g) podría generar un clima de miedo y desconfianza entre la comunidad, lo que afectaría la cooperación con las fuerzas del orden y dificultaría el trabajo de los oficiales para mantener la seguridad pública. Además, se teme que la participación en tareas migratorias pueda dar lugar a arrestos injustificados o incluso a la detención de personas que no representan un peligro para la sociedad.
En este contexto, la postura de South Miami refleja una preocupación más amplia en varias ciudades de Florida, donde se debate si las autoridades locales deberían convertirse en agentes del ICE. La comunidad inmigrante, que ya se encuentra vulnerable, podría verse aún más afectada por estas medidas, lo que podría resultar en un aumento de la discriminación y el miedo, en lugar de una mejora en la seguridad.
El alcalde de South Miami se opone a apoyar las nuevas políticas migratorias del gobernador de Florida (Foto: AFP)
EL CONTEXTO LEGAL: ¿UN CONFLICTO ENTRE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS?
South Miami no está sola en su lucha. Otras ciudades en Florida también se han visto atrapadas entre las políticas del gobernador DeSantis y su deseo de proteger a las comunidades inmigrantes. El fiscal general del estado, James Uthmeier, ha sido claro al advertir que las ciudades que se nieguen a colaborar con el ICE están violando la ley estatal, que prohíbe las ciudades santuario. Este tipo de políticas, que buscan proteger a los inmigrantes de la deportación y evitar que las autoridades locales se involucren en tareas migratorias, son vistas por algunos como una forma de desafiar directamente las órdenes del que lidera el estado.
Sin embargo, el gobierno local de South Miami ha decidido desafiar estas imposiciones a través del sistema judicial, buscando una interpretación clara sobre sus derechos y responsabilidades en este asunto. Es una apuesta que podría marcar un precedente importante para otras ciudades del estado que enfrentan dilemas similares.
