Desde nuestra infancia, hemos conocido Nueva York a través de las películas de Hollywood y las noticias internacionales. Esta ciudad, vista por muchos como un santuario, ha sido siempre un refugio para los inmigrantes que llegan a Estados Unidos cargando no solo una mochila llena de ilusiones, sino también la esperanza de encontrar una oportunidad. Huyendo del temor constante de ser deportados, buscan en Nueva York un lugar donde puedan vivir y trabajar sin miedo a ser arrestados por no tener documentos. Las políticas del estado han tendido a proteger a esta población, alineándose con acciones que favorecen su permanencia. Sin embargo, como suele suceder en muchos temas, no todos comparten la misma opinión. Algunos condados dentro del mismo estado han tomado una postura diferente y colaboran activamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esta cooperación no solo significa que le están dando la espalda a la gobernación central de Nueva York, sino que también es un choque con las normas locales, sino que está generando un debate sobre la seguridad y los derechos humanos. En medio de las políticas santuario que el estado impulsa, con la gobernadora Kathy Hochul promoviendo la protección de inmigrantes, hay quienes creen que esas decisiones no son suficientes para garantizar la seguridad pública, sino todo lo contrario. Y es que, mientras algunos ven a los indocumentados como parte esencial de la comunidad y que merecen un trato justo, protegiendo los derechos humanos, otros se enfocan más en la idea de que ciertos individuos que se encuentran en el país de manera ilegal, especialmente aquellos con antecedentes penales, pueden representar una amenaza. Pero, ¿quién está en lo correcto? Y más importante aún, ¿quién tiene la autoridad para decidir?
En Nueva York hay protestas en contra de las redadas de ICE (Foto: AFP)
LOS CONDADOS DE NUEVA YORK QUE APOYAN LAS REDADAS
Aquí es donde entran en juego dos condados: Rensselaer y Nassau. Estos dos lugares tomaron una postura diferente a la central, pues han decidido no seguir la corriente de las políticas santuario. De hecho, en vez de proteger a los inmigrantes, como en la mayoría de las zonas de Nueva York, han optado por apoyar las normas de deportación impulsadas por ICE tras mandato de Donald Trump. En Rensselaer, por ejemplo, se unieron al programa 287(g) en 2018, lo que permite a los agentes locales recibir capacitación en leyes migratorias y colaborar en la detención de personas sin estatus legal, generando que se detenga a muchas personas, en especial a aquellos con antecedentes.
Nassau ha ido un paso más allá en toda esta problemática, o al menos eso es lo que parece. Este condado ha destinado 50 celdas exclusivas para personas que tienen órdenes de deportación, lo que facilita el proceso de expulsión del país. Además, han asignado detectives para realizar arrestos fuera de las instalaciones carcelarias, ampliando el alcance de sus operaciones migratorias. Según las autoridades locales, estas medidas son necesarias para combatir un aumento de crímenes graves, como violaciones y robos organizados, en una región donde, por ejemplo, las pandillas transnacionales como MS-13 tienen presencia y han causado mucho temor en la población a lo largo de los años.
¿POR QUÉ ESTOS CONDADOS TOMAN ESTA POSTURA?
Lo que argumentan los líderes de estos condados es simple y a la vez complejo: la seguridad de la comunidad está en riesgo y hay que hacer lo necesario para salvaguardar las vidas de la población. El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, ha explicado que la cooperación con ICE responde a un aumento de delitos violentos que, según él, son perpetrados en su mayoría por inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. En sus palabras, “si saben que no hay consecuencias, lo seguirán haciendo una y otra vez”. Esta postura resalta la preocupación de muchos sobre la relación entre la inmigración y la seguridad pública, pero también marca un claro contraste con la visión de otros sectores de la sociedad que abogan por una gestión más inclusiva y compasiva.
LA POSTURA DEL GOBIERNO ESTATAL DE NUEVA YORK AL RESPECTO
Ahora bien, las decisiones de Rensselaer y Nassau no son vistas con buenos ojos por el gobierno de la gobernadora Kathy Hochul, como es de esperarse. Ella, ha sido clara en su postura de limitar la cooperación con ICE, especialmente en aquellos casos en los que los inmigrantes no tienen antecedentes penales graves. Es más, defiende las leyes santuario, argumentando que estas son necesarias para proteger los derechos de los foráneos, especialmente de aquellos que no representan una amenaza para la seguridad pública. La gobernadora y la fiscalía del estado insisten en que es fundamental crear un entorno en el que ellos puedan sentirse seguros, sin el temor constante de ser arrestados y deportados.
Muchos inmigrantes en Nueva York tienen que dormir en las calles debido a los bajos recursos que tienen al llegar a Estados Unidos (Foto: AFP)
UN DEBATE EN LA OPINIÓN PÚBLICA
El conflicto entre las políticas locales de estos condados y la postura estatal es un reflejo de un debate más amplio que continúa creciendo en todo el país. ¿Debe primar la seguridad pública por encima de la protección de los derechos humanos? ¿Es justo que inmigrantes que no representan una amenaza sean deportados simplemente por su estatus migratorio? Este es un tema que seguirá siendo objeto de discusión y podría incluso influir en las elecciones futuras a nivel local y estatal.
Lo cierto es que, aunque Nueva York sigue siendo un símbolo de refugio para muchos inmigrantes, las decisiones de condados como Rensselaer y Nassau muestran que la ciudad y el estado están lejos de estar completamente alineados en cómo manejar la inmigración y la seguridad pública. Esto nos deja con una pregunta importante: ¿hasta dónde llega la protección de los derechos de los inmigrantes, y hasta dónde se debe priorizar la seguridad de la comunidad? Un debate que, sin duda, no está cerca de resolverse.
